Durante una sesión en la Cámara de Representantes, la congresista Sandra Ramírez denunció que Patricia Caicedo, asesora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), presionaba a campesinos en el Magdalena para obtener apoyo electoral a cambio de predios.
La polémica estalló el pasado 17 de septiembre, cuando Ramírez aseguró que la entrega de tierras se usaba como herramienta política. Según la denuncia, un campesino relató que en una reunión le quitaron el celular y le advirtieron: “Si quiere la tierra, debe votar con la doctora Patricia”.
Ramírez calificó el hecho como grave y pidió acciones inmediatas. “Los campesinos no pueden ser manipulados con su necesidad de tierra. Solicito a Fiscalía y Procuraduría que actúen cuanto antes”, declaró en la comisión.
Si la denuncia se confirma, el caso podría configurar constreñimiento al elector, un delito que acarrea sanciones penales y disciplinarias. Además, pondría bajo sospecha la transparencia en la adjudicación de tierras, un proceso históricamente marcado por irregularidades en el Magdalena.
Patricia Caicedo respondió de inmediato. Negó los señalamientos y sostuvo: “Todo es mentira, es un montaje porque recuperamos baldíos que la familia de Ramírez usufructuaba ilegalmente en el Magdalena”.
La asesora también acusó a la congresista de retaliación. “Le quitamos unos predios que no le pertenecían a su familia y ahora busca venganza con estas falsas denuncias”, afirmó.
El choque entre las dos dirigentes revela divisiones profundas en la política del Magdalena. El caso ocurre justo cuando Patricia Caicedo intenta consolidar su proyecto tras apartarse de Fuerza Ciudadana y acercarse al petrismo.
La investigación queda en manos de los entes de control, que deberán determinar si se trata de corrupción en la adjudicación de tierras o de un enfrentamiento político llevado al extremo.