La obra fue ejecutada y pagada en casi su totalidad pero nunca entró en funcionamiento; la entidad calcula un detrimento patrimonial superior a $4.719 millones y apunta a responsabilidades administrativas, fiscales y penales.
El proyecto de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Doña María, en Fundación (Magdalena), se convirtió en un nuevo “elefante blanco”. La Contraloría General confirmó que, aunque la obra fue recibida oficialmente como terminada y pagada casi en su totalidad, nunca prestó servicio a la comunidad.
El contrato tuvo un valor total de $4.722 millones, de los cuales $4.420 millones fueron ejecutados por la Asociación Regional de Municipios del Caribe (ARCA) y $299 millones por la interventoría a cargo del Consorcio Inter–Doña María. El ente fiscal calcula un detrimento patrimonial de más de $4.719 millones.
El exalcalde de Fundación (2020–2023), Carlos Sierra Sánchez, fue señalado como responsable directo en su calidad de ordenador del gasto que suscribió y recibió la obra.
Fallas técnicas y ambientales
La auditoría detectó que el acueducto carece de una fuente hídrica viable y que nunca se tramitaron las concesiones de agua necesarias para su operación.
Los equipos eléctricos y de bombeo presentan fallas que impiden su uso, mientras que el diseño de las instalaciones contiene deficiencias graves que afectan la operatividad.
Además, no existen licencias ambientales ni permisos de construcción, lo que agrava el incumplimiento técnico y legal del proyecto.
Deficiencias en el alcantarillado
El sistema de alcantarillado está colmatado: pozos de inspección llenos de sedimentos, estructuras erosionadas y trazados que no cumplen especificaciones técnicas.
A esto se suman problemas de socavación y erosión que ponen en riesgo la infraestructura, así como conflictos de titularidad sobre el predio donde fue levantada.
La Contraloría advirtió que estas fallas hacen inviable el funcionamiento de la obra en las condiciones actuales.
Impacto en la comunidad
Los habitantes de Doña María siguen abasteciéndose de jagüeyes y pozos improvisados, pese a la millonaria inversión pública.
Mientras tanto, la infraestructura permanece abandonada y expuesta a la corrosión, lo que acelera su deterioro.
La Contraloría destacó que el daño no es solo económico, sino que afecta directamente la calidad de vida de cientos de residentes.
Responsabilidades y próximos pasos
Además del exalcalde Carlos Sierra Sánchez, la Contraloría señaló a la ARCA, representada por Luis Alfonso Negrete Ramos, como contratista ejecutor, y al Consorcio Inter–Doña María, en cabeza de Jorge Luis Machado Cantillo, como interventor.
El hallazgo se trasladará a procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal. La Procuraduría y la Fiscalía deberán determinar si existen conductas como peculado o fraude a la contratación.
La entidad fiscal recomendó activar las pólizas de cumplimiento y calidad, al tiempo que la comunidad exige soluciones inmediatas para garantizar el acceso al agua potable.