Una operación militar de gran escala busca retomar el control territorial en Aracataca para proteger a las comunidades indígenas tras una violenta incursión armada
La Sierra Nevada de Santa Marta atraviesa una grave crisis de seguridad debido a los enfrentamientos armados entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. La confrontación, que se ha intensificado en los últimos días en la zona rural de Aracataca, ha dejado un saldo lamentable de tres indígenas fallecidos y un menor de edad herido, sembrando el terror en la comunidad arhuaca de Seránkua.
Este despliegue militar responde a la urgente necesidad de frenar el fuego cruzado que mantiene a los habitantes en confinamiento forzado. La situación se ha visto agravada por la presencia de material bélico sin detonar, lo que ha impedido que las misiones humanitarias y las autoridades judiciales accedan al territorio para atender a los heridos y documentar los crímenes perpetrados recientemente.
Despliegue estratégico para el control territorial
Las tropas del Ejército Nacional han iniciado un reposicionamiento táctico en las zonas altas de la montaña para asaltar los puntos de confrontación. Esta intervención cuenta con el respaldo de unidades de Aviación del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, garantizando un cerco efectivo que impida el avance de los actores ilegales hacia otros resguardos indígenas.
El Comando del Ejército, bajo la dirección del mayor general Royer Gómez Herrera, ha priorizado la zona tras el agravamiento del orden público. Para lograr este objetivo, fue necesario redirigir recursos humanos y logísticos que anteriormente estaban asignados al “Plan Democracia”, enfocando ahora toda la capacidad operativa en la protección de la población civil afectada por la disputa territorial.
El Ejército Nacional detalló la naturaleza de esta acción a través de su cuenta en X “Ante los recientes hechos de orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta, nuestro @COMANDANTE_EJC, Mayor General Royer Gómez Herrera, entrega un balance sobre las acciones y operaciones militares que se desarrollan en este territorio para enfrentar las amenazas contra la seguridad de la población civil”.
Compromiso estatal y protección ancestral
El gobierno nacional ha reiterado que la presencia de la Fuerza Pública en la Sierra es un mandato de soberanía innegociable. La postura oficial busca garantizar que estos territorios, considerados patrimonio cultural y natural de la nación, no queden bajo el dominio de estructuras criminales que buscan controlar rutas de economías ilícitas y corredores de movilidad.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro se pronunció en X enfatizando la raíz histórica del conflicto “El pueblo indígena es la raíz ancestral de la nacionalidad colombiana y latinoamericana. Tomamos posesión del territorio agredido y de la sierra nevada no debe salir más la fuerza pública”. Este mensaje busca enviar un respaldo político directo a las tropas que se encuentran en el terreno.
Por su parte, la Primera División del Ejército reforzó el mensaje operativo mediante una publicación en X “Tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 6 de la #SegundaBrigada, con apoyo de la @Ejercito_Davaa, ingresan al sector de Seránkua, en Aracataca, Magdalena. El objetivo primordial de esta maniobra es neutralizar las confrontaciones entre grupos armados organizados y salvaguardar la integridad de la comunidad indígena”.
Crisis humanitaria y ruptura del Derecho Internacional Humanitario
La Defensoría del Pueblo ha señalado que el confinamiento de las familias arhuacas ha impedido la normalización de la vida cotidiana. La destrucción de viviendas y corrales, sumada a la desaparición de dos mujeres de la comunidad, ha elevado la tensión entre los líderes indígenas, quienes exigen garantías inmediatas para poder retornar a sus actividades agrícolas y educativas.
El recrudecimiento de la violencia es particularmente alarmante, pues ocurre pocas semanas después de que los grupos armados se comprometieran a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en mesas de diálogo. La violación de estos pactos ha dejado a la población civil en una vulnerabilidad extrema, obligando a las autoridades a gestionar corredores humanitarios que permitan la evacuación de los más afectados.
Finalmente, la consolidación del área por parte de las tropas permitirá que la Fiscalía General de la Nación inicie las investigaciones pertinentes por el triple homicidio. Mientras la operación militar continúa en desarrollo, el Estado se mantiene bajo presión para evitar que el conflicto se expanda a otros sectores de la Sierra Nevada que aún permanecen en disputa entre los grupos ilegales.