Un ajuste en documentos judiciales de Estados Unidos, revelado por The New York Times, expuso cambios clave en el enfoque de las acusaciones contra el gobierno venezolano
La corrección, divulgada tras la captura del mandatario venezolano y su traslado a Nueva York, ha reabierto el debate internacional sobre la legalidad de la operación estadounidense y sobre los verdaderos intereses que motivaron la intervención en el país sudamericano.
Un cambio clave en la acusación judicial
Según The New York Times, la nueva imputación elimina la tesis de que Maduro dirigía un cartel de narcotráfico jerarquizado y transnacional, reemplazándola por una descripción más vaga de redes de corrupción estatal sin estructura criminal autónoma ni mando único.
El medio estadounidense explica que la acusación original de 2020 mencionaba al Cartel de los Solesmás de 30 veces, mientras que el documento actualizado apenas lo hace en dos ocasiones, y únicamente como una expresión informal utilizada para describir prácticas corruptas dentro del Estado venezolano.
Este giro jurídico deja en entredicho las decisiones posteriores del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, que en 2025 llegaron a clasificar al Cartel de los Soles como organización terrorista, pese a que ninguna agencia internacional lo había reconocido como tal.
Ni la DEA ni la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han incluido jamás a ese supuesto cartel en sus informes oficiales sobre estructuras del narcotráfico en la región, un vacío que ahora cobra relevancia judicial y política.
El New York Times y las contradicciones de Washington
De acuerdo con el análisis del New York Times, expertos en crimen organizado ven el ajuste como un reconocimiento implícito de que la narrativa del cartel no resistía un juicio penal, aunque sí fue funcional en el plano político y diplomático.
El diario subraya que, mientras una designación política no requiere pruebas ante un tribunal, una acusación criminal sí obliga a demostrar la existencia real de la organización y el rol de liderazgo atribuido al acusado, algo que los fiscales no lograron sostener.
A pesar de ello, altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, han seguido refiriéndose públicamente al Cartel de los Soles como si se tratara de una estructura operativa, lo que evidencia una fractura entre el discurso político y el enfoque judicial.
Esa contradicción, señala el medio, ha generado confusión entre aliados internacionales y ha alimentado críticas sobre el uso del sistema judicial como herramienta de presión geopolítica.
La reacción del presidente Gustavo Petro
Tras conocerse el informe del New York Times, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza y aseguró que la corrección del Departamento de Justicia confirma advertencias que había hecho desde meses atrás.
“Yo lo dije, no existe ninguna evidencia que demuestre la existencia de un ‘Cartel de los Soles’ dentro del narcotráfico. Esa narrativa fue construida como una excusa para justificar acciones ilegales y una intervención sobre Venezuela”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Petro fue más allá al vincular el cambio de acusación con intereses energéticos y estratégicos de Washington en la región.
“Lo que queda claro es que secuestraron a Nicolás Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo la lógica de la doctrina Monroe. No era una lucha contra el narcotráfico, era una operación por recursos”, afirmó el presidente colombiano.
Petróleo, poder y el trasfondo geopolítico
El propio Donald Trump reforzó esa lectura al declarar públicamente que el petróleo venezolano debería quedar bajo control estadounidense como forma de “compensar” la operación ejecutada en Caracas, una afirmación que generó rechazo en distintos sectores internacionales.
Analistas citados por The New York Times coinciden en que la desarticulación de la narrativa del Cartel de los Soles debilita el argumento moral y legal de la intervención, y refuerza la percepción de que se trató de una acción motivada por intereses estratégicos y económicos.
Mientras tanto, organismos internacionales y gobiernos aliados observan con preocupación las implicaciones de que una acusación de alto perfil sea modificada tras una operación militar, lo que podría sentar un precedente delicado en el uso del derecho penal como herramienta de política exterior.
El caso, ahora en manos de la justicia estadounidense, continúa desarrollándose en medio de un clima de tensión global, con Venezuela en el centro de una disputa que trasciende lo judicial y expone las fracturas del orden internacional actual.