Líderes kogui y campesinos reabrieron el acceso al parque nacional pese a la prohibición del Gobierno, estableciendo una administración de facto para exigir el derecho al cogobierno territorial
El Parque Nacional Natural Tayrona se convirtió este jueves en el epicentro de un inusual desafío institucional, luego de que comunidades indígenas kogui y campesinos locales desconocieran la Resolución 091 del Ministerio de Ambiente que ordenaba el cierre temporal de la reserva. En una acción directa, los manifestantes tomaron el control del sector El Zaino, habilitando el ingreso de turistas y gestionando los cobros de entrada que legalmente corresponden a Parques Nacionales Naturales (PNN).
La situación escaló rápidamente de una protesta a una toma operativa, donde los “hermanos mayores” y líderes cívicos reemplazaron a los funcionarios del Estado en las ventanillas de atención. Mientras la Policía y el Ejército mantenían presencia en el perímetro sin intervenir, las comunidades justificaron la acción como una respuesta necesaria ante la demolición de infraestructuras de servicios turísticos y lo que consideran una marginación histórica de los beneficios económicos que genera el parque.
El reclamo de una coadministración ancestral
El eje central de la disputa es la exigencia de un modelo de coadministración entre el Estado y los pueblos originarios. Atanasio Moscote, gobernador del Cabildo Kogui, enfatizó que no abandonarán la toma hasta que el Ministerio de Ambiente establezca una mesa de diálogo real que reconozca a las comunidades como autoridades legítimas del territorio, garantizando su participación en las decisiones y en el recaudo de ingresos.
Por su parte, el director de Parques Nacionales, Luis Olmedo Martínez, lanzó una grave advertencia calificando la situación como una ocupación ilegal. Según el funcionario, terceros han construido viviendas y senderos sin permisos ambientales, asumiendo funciones estatales y realizando cobros no autorizados sobre un bien público, lo que fractura la institucionalidad y pone en riesgo la protección del patrimonio natural.
Riesgos de seguridad y advertencias oficiales
La toma ocurre en un contexto de alta vulnerabilidad, donde el Gobierno justifica el cierre oficial no solo por el impacto del invierno en los senderos, sino por amenazas de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo en áreas circundantes, factores que PNN considera determinantes para restringir el flujo de visitantes.
Sin embargo, para los defensores de derechos humanos como Lerber Dimas y Norma Vera, el problema es estructural. Argumentan que el Tayrona se superpone a la “Línea Negra” y a títulos de propiedad antiguos, lo que ha generado una tensión acumulada durante décadas. Advierten que, si bien la gobernanza actual parece rota, una entrega total del control sin vigilancia estatal podría ser aprovechada por organizaciones criminales.
El impacto económico en Santa Marta
La incertidumbre sobre quién manda en el Tayrona genera un fuerte nerviosismo en el sector productivo de Santa Marta. Se estima que el parque es el motor de aproximadamente el 70% del turismo de la ciudad; un cierre prolongado o una operación irregular pone en riesgo cerca de $900 millones de pesos diarios que dejan de circular en la economía local, afectando desde grandes hoteles hasta vendedores informales.
Omar García, presidente de Cotelco en Magdalena, hizo un llamado urgente a la “grandeza y sensatez” de todas las partes. El dirigente gremial señaló que miles de familias dependen de la cadena de servicios del parque y que la falta de garantías legales para los paquetes turísticos ya vendidos genera una crisis de confianza que golpea directamente a guías, transportadores y restauradores.
Un futuro incierto bajo presión comunitaria
Al cierre de la jornada, la paradoja se mantenía: un parque oficialmente clausurado por el Estado pero operando a plena capacidad bajo el mando indígena. Los visitantes continuaron ingresando bajo su propio riesgo, atraídos por la experiencia natural y el contacto con la cultura kogui, mientras los operadores turísticos locales improvisaban rutas ante la falta de una directriz clara de las autoridades nacionales.
La resolución del conflicto parece lejana, pues los líderes de la toma han declarado estar “dispuestos a todo” por recuperar lo que consideran su territorio ancestral. El Gobierno Nacional enfrenta ahora el reto de recuperar el control de la taquilla sin desencadenar un enfrentamiento violento, en un escenario donde la soberanía ambiental y los derechos étnicos chocan frontalmente en el destino turístico más emblemático de Colombia.