La condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal generó tensiones entre Washington y Bogotá. El gobierno colombiano reafirmó la independencia de su sistema judicial, mientras un alto funcionario estadounidense calificó el fallo como una “instrumentalización del poder”.
El fallo judicial que halló culpable a Álvaro Uribe Vélez por soborno en actuación penal y fraude procesal desencadenó una respuesta inesperada desde Estados Unidos. Marco Rubio, senador republicano y figura influyente en política exterior, salió en defensa del expresidente colombiano, cuestionando la legitimidad del proceso y desatando un debate internacional sobre la soberanía judicial.
“El único delito del expresidente Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, escribió Rubio en su cuenta de X, antes Twitter. En su pronunciamiento, acusó a jueces colombianos de ser “radicales” y de “instrumentalizar el poder judicial”, una declaración que fue leída por muchos sectores como una intromisión directa en los asuntos internos de Colombia.
Colombia responde y defiende su institucionalidad
La respuesta del gobierno de Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, la Embajada de Colombia en Estados Unidos recordó que el país cuenta con un poder judicial autónomo y con un sistema de separación de poderes garantizado por la Constitución.
“Colombia es un Estado soberano y su sistema judicial funciona con plena independencia. Toda persona procesada, incluido el expresidente Uribe, tiene derecho a apelar en las instancias correspondientes”, sostuvo la embajada, subrayando que aún no hay una sentencia definitiva en firme.
Lo que dijo la jueza y las pruebas del caso
Según los registros del caso, Uribe fue condenado por haber participado en un esquema para manipular testimonios en su favor durante un proceso penal. La jueza Sandra Heredia, quien presidió el juicio, fue clara: “El acusado conocía el plan. Se probó, más allá de toda duda, que incurrió en soborno en actuación penal”.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas que señalaban al abogado Diego Cadena, en calidad de apoderado de Uribe, como quien contactó a testigos como Juan Guillermo Monsalve para que se retractaran de sus acusaciones. La jueza calificó estos actos como “una conducta deliberada y sistemática para alterar la verdad en un proceso judicial”.
En respaldo a la magistrada, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia emitió un comunicado rechazando cualquier presión o deslegitimación del fallo. “Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a respetar el ejercicio funcional de la Dra. Heredia Aranda. Su decisión solo puede ser controvertida por los mecanismos legales previstos”, afirmaron.
Autonomía judicial y tensión diplomática
Pese a las críticas internacionales, el gobierno colombiano ha insistido en que la justicia actúa con independencia y que ningún funcionario, ni nacional ni extranjero, puede interferir en los procesos judiciales. “Este gobierno no presiona a la justicia. Cualquier insinuación en ese sentido es un ultraje que no permitimos”, declaró el presidente Petro.
El mandatario también negó categóricamente que exista persecución política contra Uribe o cualquier otra figura pública. “No se persigue a nadie por razones ideológicas. Respetamos los fallos judiciales, así nos incomoden”, añadió.
El senador Rubio ha sido un aliado clave del uribismo en Estados Unidos, y sus declaraciones han sido interpretadas por analistas como una estrategia para presionar políticamente en medio de las tensiones entre ambos gobiernos. Sin embargo, la administración Petro se mantuvo firme en su mensaje de autonomía judicial.
A medida que se acerca la fecha de lectura de sentencia programada para el 1 de agosto, la defensa del expresidente se prepara para apelar el fallo. El caso, que ha marcado un hito histórico en la política colombiana, seguirá desarrollándose en las próximas instancias judiciales.