Alias ‘Chejo’, jefe de las disidencias del frente 36, es señalado de ordenar el derribo del helicóptero en Amalfi, Antioquia. Su orden de captura está suspendida por ser negociador en la mesa de paz con el Gobierno
La zona rural de Amalfi, Antioquia, fue escenario de una de las emboscadas más graves de los últimos años contra la Policía Nacional. Un helicóptero que participaba en tareas de erradicación de cultivos ilícitos fue derribado en medio de hostigamientos armados, dejando 13 uniformados muertos, entre ellos el capitán Merchán.
Las autoridades confirmaron que el ataque fue ordenado por Óscar Javier Cuadros Zea, alias ‘Chejo’ o ‘Alejandro’, cabecilla principal de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc. Su rol como representante de este grupo en la mesa de diálogo con el Gobierno le permitió conservar la libertad pese a su historial delictivo.
Ese mismo día, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de X:
Alias ‘Chejo’: negociador y jefe armado
Cuadros Zea no es ajeno a las autoridades. En julio de 2024 fue identificado entre los ocupantes de camionetas de la UNP asignadas al esquema de alias ‘Calarcá’, máximo jefe de la estructura. Ese día fue retenido, pero no judicializado.
Su orden de captura está suspendida desde que fue acreditado como miembro de la delegación negociadora de las disidencias ante el Gobierno. Fuentes de inteligencia aseguran que, a pesar de su estatus de negociador, continúa dirigiendo operaciones armadas y actividades delictivas en Antioquia.
Incluso, en el más reciente ciclo de conversaciones en julio, alias ‘Chejo’ participó de manera activa, según documentos en poder de las autoridades. Sin embargo, informes de inteligencia señalan que desde su posición sigue ordenando ataques y consolidando el control territorial en zonas clave para el narcotráfico.
Los responsables en tierra
Las investigaciones también han identificado a otros mandos de la estructura 36 implicados en el ataque: Oswaldo Enrique Agudelo Agudelo, alias ‘Manuel Guaricho’; Kevin Orley Gómez Muñoz, alias ‘Davinson’ o ‘Barbas’; y Jorge Iván Ospina Salazar, alias ‘Guillermino’.
El autor material señalado es Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, alias ‘Leito’ o ‘Eléctrico’, jefe de comisión del frente 36. Con más de siete años en la organización, escaló de guerrillero raso en 2019 a quinto cabecilla en 2025. Hoy controla operaciones en Amalfi, Anorí, Tarazá e Ituango.
Su prontuario incluye asesinatos selectivos contra civiles acusados de colaborar con el Clan del Golfo, hostigamientos a la Fuerza Pública e intimidación a comunidades rurales. La violencia se ha convertido en su estrategia para mantener el dominio en territorios de interés para el narcotráfico.
Reacciones y ofensiva militar
Tras el ataque, el presidente Petro anunció que los responsables ya están bajo ofensiva de las Fuerzas Militares:
“Desde ayer el grupo que fue capaz de derribar el helicóptero de la policía está bajo fuego de artillería”, aseguró en una nueva publicación en X el 22 de agosto en la mañana.
Horas después, el mandatario amplió su mensaje y vinculó el caso con el deterioro de las disidencias en el Cauca:
“Las columnas del Estado Mayor Central en el Cauca ya sufrieron un golpe estratégico, al caer su armamento en el corregimiento Honduras del municipio del Tambo en el cañón del Micay, su reacción no es de fortaleza, es de debilidad.
Dos integrantes, solitarios, corriendo como ladrones de celulares por los barrios populares, después de fallar en el ataque a la base aérea y provocar una masacre en la población civil de Cali.
La agrupación ilegal narcotraficante más grande del país ubicada en el Cauca, empieza su descomposición final.”
Las declaraciones de Petro se suman a las críticas del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, quien acusó al Gobierno Nacional de haber ignorado advertencias sobre la grave situación de seguridad en la región. Según el mandatario local, los pedidos de apoyo fueron desatendidos y la tragedia en Amalfi era previsible.
La ofensiva contra las disidencias continúa, mientras las familias de las víctimas exigen justicia y garantías de no repetición. El ataque ha reavivado el debate sobre la eficacia de las negociaciones de paz con grupos armados que mantienen actividades criminales en paralelo al proceso.