La detención de Gómez se produjo este domingo tras ejercer su derecho al voto, en el marco de la estrategia de la Fiscalía contra la corrupción electoral
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado por el Partido de la U, quien fue interceptado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la localidad de Engativá, Bogotá, minutos después de sufragar. Según el ente investigador, el aspirante sería un eslabón determinante en la estructura criminal liderada por Diego Marín Buitrago, alias “Papa Pitufo”, considerado el “zar” del contrabando en el país.
Junto al político, las autoridades materializaron las órdenes de captura contra los exintegrantes de la Policía Nacional, José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez. Ambos exoficiales son señalados de utilizar su experiencia institucional para coordinar la logística ilícita, perfilar a uniformados activos y asegurar el paso de mercancías ilegales por las zonas portuarias del país sin que estas fueran objeto de control por parte de las autoridades competentes.
Red de corrupción y articulación criminal
De acuerdo con el expediente, Gómez Castro fungía como un articulador de alto nivel que “presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial”. El objetivo de estos nexos era corromper la cadena de custodia para que, a cambio de dinero, se permitiera el ingreso, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se evitara cualquier acción punitiva contra la organización de Marín Buitrago.
Los exagentes capturados tenían funciones estratégicas en la costa Caribe para garantizar el éxito de la red. Olaya Caicedo presuntamente se encargaba de recaudar dinero entre comerciantes de Cartagena para sobornar a otros uniformados, mientras que Bacca Sánchez enfocaba su gestión en asegurar la entrada de textiles, cigarrillos y calzado por los puertos de Barranquilla y Cartagena, aprovechando sus conocimientos en áreas sensibles de la Policía para reclutar colaboradores.
Madeleyne Pérez Ojeda, jefa de la Dirección contra la Corrupción, señaló que la red buscaba que los servidores públicos “se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal”. Estas maniobras permitían que la estructura de alias “Papa Pitufo” quien actualmente se encuentra fuera del país mantuviera el control de los flujos de mercancías ilegales que atraviesan los principales terminales marítimos de Colombia.
Proceso judicial y repercusiones políticas
Ante un juez de control de garantías, una fiscal especializada imputará a los tres detenidos los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado. La Fiscalía enfatizó que Gómez Castro era una pieza clave en el esquema de corrupción que permeó diversos estamentos del Estado para beneficiar las actividades ilícitas de Marín Buitrago, consolidando una red de influencia que facilitaba la impunidad.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, la situación política del candidato permanece en un limbo técnico durante la fase de indagación. El abogado penalista Juan Felipe Criollo explicó que, legalmente, la captura no inhabilita de inmediato su candidatura, indicando que “solamente la condena genera efectos sobre los derechos políticos de los ciudadanos en temas penales”, por lo que la medida de aseguramiento no impide por sí sola el ejercicio de los derechos electorales.
Este operativo se desarrolló en paralelo a una ofensiva nacional contra el fraude electoral. En el Amazonas, las autoridades detuvieron a Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes, cuando intentaba sobornar a policías para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo, recurso que presuntamente sería utilizado para la compra de votos, evidenciando un panorama electoral marcado por irregularidades.
Finalmente, la Fiscalía informó que a nivel nacional se han registrado 15 capturas por orden judicial relacionadas con presuntos delitos contra el sufragante. Asimismo, durante la primera semana de marzo, el ente investigador realizó 26 procedimientos que resultaron en la incautación de más de 2.000 millones de pesos, dinero cuya procedencia y destino final están siendo objeto de rigurosas labores de policía judicial para determinar su relación con actividades de corrupción.