La decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena inhabilita de forma permanente a la actual candidata a la Cámara de Representantes tras confirmarse que suscribió contratos prohibidos con la Alcaldía de Ciénaga
En un fallo de primera instancia emitido el 25 de febrero de 2026, la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena decretó la pérdida de investidura de la exdiputada Elizabeth Molina Campo. La sentencia confirma que la exasambleísta vulneró la Ley 2200 de 2022 al suscribir contratos estatales dentro del año siguiente a la finalización de su periodo constitucional, incurriendo en una prohibición legal que acarrea la muerte política.
El proceso, bajo la ponencia de la magistrada Elsa Mireya Reyes Castellanos, determinó que Molina Campo, quien fue diputada en el periodo 2020-2023, ignoró la restricción de intervenir en actuaciones contractuales dentro del territorio donde ejerció jurisdicción. Según el documento judicial, la demandada alegó que la norma solo aplicaba a contratos con la Gobernación, pero el Tribunal desestimó esta interpretación, señalando la necesidad de proteger la moralidad administrativa.
Contratos que sellaron la sanción
La prueba reina en el proceso fueron dos contratos de prestación de servicios profesionales suscritos por Molina con la Alcaldía de Ciénaga en 2024. El primero de ellos se firmó el 1 de febrero y el segundo el 1 de octubre, ambos con el objeto de brindar asesoría jurídica y defensa judicial al municipio, apenas meses después de haber dejado su curul en la Asamblea.
El fallo es enfático al señalar que la exfuncionaria actuó a pesar de la restricción: “La demandada intervino en nombre propio en actuaciones contractuales ante una entidad territorial (Municipio de Ciénaga) ubicada en el Departamento donde ejerció sus funciones”. Esta acción ocurrió dentro del lapso de 12 meses de prohibición que establece la ley para los exmiembros de corporaciones públicas.
Interpretación del ámbito territorial
Uno de los puntos clave del análisis profundo del documento es cómo el Tribunal define el alcance del término “departamento“. Mientras la defensa de Molina intentó reducir la prohibición únicamente a la estructura administrativa de la Gobernación, los magistrados aclararon que la incompatibilidad se extiende a toda la geografía donde la diputada tuvo influencia política.
El documento judicial precisa “Debe entenderse el departamento como la comprensión geográfica donde la exdiputada ejerció jurisdicción, lo que incluye también la [contratación] celebrada y ejecutada territorialmente dentro de la geografía de dicho departamento”. Bajo esta lógica, contratar con un municipio del Magdalena es tan grave como hacerlo con la administración departamental central.
Responsabilidad subjetiva y negligencia
El Tribunal no solo encontró una falta objetiva, sino que calificó la conducta de Molina como, al menos, “culpa grave”. Al ser abogada de profesión y haber ostentado un cargo de alta dignidad, la Sala consideró que ella tenía el deber ineludible de conocer las limitaciones de su investidura y las consecuencias de sus actos privados.
La sentencia subraya que “la pérdida de investidura es una acción pública de propósito ético”, y añade que la exdiputada no demostró haber realizado ninguna consulta o diligencia para evitar el conflicto de intereses. “Le era exigible a la demandada un comportamiento conforme a la Constitución y la Ley”, sentencia el documento al justificar la sanción de carácter permanente.
Desafío y respuesta de la exasambleísta
A pesar de la contundencia del fallo administrativo, Elizabeth Molina Campo ha reaccionado con vehemencia a través de sus redes sociales, asegurando que la decisión es un intento de persecución política. La exfuncionaria sostiene que su carrera no ha terminado y que confía en revertir la situación en las instancias superiores antes de las próximas elecciones.
“Quieren acabarme en los estados judiciales, están sintiendo el peso de mi gente”, afirmó Molina en sus declaraciones públicas, añadiendo con firmeza “Jurídicamente estoy blindada y voy a ser representante”. La exdiputada insistió en que “no habrá fallos que detenga al pueblo” y que su equipo legal ya prepara la apelación ante el Consejo de Estado para defender su derecho a participar en política.