Bombardeo en Guaviare desata tormenta de críticas: Congreso exige explicaciones al presidente Petro

El Gobierno enfrenta crecientes cuestionamientos por la muerte de siete menores en un bombardeo contra disidencias de las FARC, mientras avanza la presión para llevar al ministro de Defensa a moción de censura.

El bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en zona rural del Guaviare, que dejó veinte muertos, entre ellos siete adolescentes reclutados por las disidencias de Iván Mordisco, abrió una crisis política que tiene hoy al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al presidente Gustavo Petro en el centro del debate nacional. La operación, ordenada para frenar una presunta emboscada contra 20 soldados, provocó denuncias, choques entre sectores de izquierda y llamados a un control político urgente en el Congreso.

Señalamientos al Gobierno por la operación aérea

La controversia se intensificó después de que Medicina Legal confirmara las edades de los menores y ratificara que las víctimas cumplían funciones continuas de combate dentro de la estructura criminal. El Gobierno ha defendido la legalidad del ataque y sostiene que actuó bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario.

El ministro Sánchez insistió en que la inteligencia militar advirtió un riesgo inminente contra las tropas. “Había una amenaza directa sobre nuestros soldados y actuamos para evitar una tragedia mayor”, afirmó en declaraciones recientes.

El funcionario también aseguró que los jóvenes fallecidos cumplían roles armados: “Lo que define el estatus de combatiente es la función, no los años. En ese campamento no había niños civiles”, reiteró.

Desde la Casa de Nariño, Petro respaldó esa posición y defendió su decisió “Si dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”, escribió en X.

Críticas desde la oposición y sectores del Pacto Histórico

Las voces de rechazo no tardaron en aparecer. La precandidata María Fernanda Cabal afirmó que la operación debía investigarse a fondo y cuestionó si se trató de un posible crimen de guerra. La representante Katherine Miranda exigió claridad sobre los protocolos usados para proteger a menores reclutados.

Incluso dentro del Pacto Histórico surgieron reproches. El senador Iván Cepeda manifestó que no podía avalar el operativo: “Rechacé estos bombardeos en el pasado y lo hago ahora. El DIH prohíbe acciones que pongan en riesgo a menores reclutados”, señaló.

Esas declaraciones abrieron un quiebre político inesperado dentro del propio bloque de gobierno, que trata de mantener una postura unificada en medio del clima electoral.

Defensoría, ONU y debates sobre el DIH

La Defensoría del Pueblo lamentó públicamente el resultado de la operación. Su directora, Iris Marín, calificó el hecho como un reflejo del drama humanitario en las zonas de conflicto: “Es la expresión más dolorosa de la guerra: adolescentes convertidos en objetivos militares por culpa del reclutamiento forzado”, afirmó.

La ONU también expresó preocupación y pidió mayor control en el uso de la fuerza: “Los siete fallecidos son víctimas de reclutamiento; pedimos extremar precauciones”, señaló el organismo.

El Ministerio de Defensa aseguró que evaluó los principios de distinción, proporcionalidad y necesidad militar, y recordó que la tropa rescató con vida a tres menores reclutados por las disidencias.

Crece presión política y se prepara moción de censura

En el Congreso ya se mueve una moción de censura contra el ministro Sánchez, impulsada por sectores que consideran que la operación no cumplió con las garantías suficientes para proteger a menores.

El debate promete tensiones profundas entre oficialismo y oposición, justo cuando el Gobierno insiste en que el verdadero crimen es el reclutamiento y no la respuesta militar. “No se puede permitir que los grupos del narco sigan usando niños como escudos de guerra”, afirmó Petro.

Mientras avanza la polémica, las Fuerzas Militares sostienen que la operación era necesaria para evitar una emboscada que habría dejado un saldo mayor. El país, entre tanto, sigue a la espera de decisiones judiciales, políticas y militares que definan el rumbo de esta crisis.

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