Una operación aérea y terrestre fue activada en la madrugada de este lunes en zona selvática del Guaviare, tras la orden directa del presidente Gustavo Petro de golpear un frente armado señalado de expandir control sobre rutas del narcotráfico.
El Gobierno confirmó el inicio de una ofensiva de gran escala contra estructuras del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) en áreas rurales de Guaviare, luego de que inteligencia militar ubicara un campamento asociado a la red de mando de alias Iván Mordisco. La instrucción presidencial incluyó el uso de ataques aéreos para desarticular el frente armado que, según los reportes oficiales, había fortalecido su presencia durante las últimas semanas.
La decisión fue anunciada por el presidente Petro a través de su cuenta en X, donde escribió: “He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente identificado en Guaviare. No permitiré la expansión de estructuras ilegales que atenten contra las comunidades”. Su mensaje generó de inmediato reacciones divididas entre quienes ven un giro militarista y quienes consideran que la situación ya era insostenible.
El Ministerio de Defensa confirmó que unidades del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea y la Policía, avanzan en una operación “en evolución” sobre veredas cercanas a Calamar y Miraflores, territorios donde se ubican corredores fluviales usados para mover droga, armas y precursores químicos. Hasta el momento, no se han reportado cifras oficiales de bajas, capturas ni laboratorios destruidos.
Fuentes señalaron que el objetivo principal de esta fase es cortar las líneas logísticas del EMC, especialmente los enlaces encargados de extorsionar a comerciantes, presionar a comunidades indígenas y reclutar menores.
Las autoridades sostienen que el grupo de Mordisco incrementó sus acciones armadas en el departamento desde mediados de año, disputando territorio con otras facciones disidentes. Estas confrontaciones habrían provocado desplazamientos intermitentes y confinamientos en varias zonas rurales donde los habitantes denuncian restricciones para ingresar o salir de sus fincas.
Organizaciones humanitarias advierten que el avance simultáneo de dos bloques disidentes, el que responde a Mordisco y el alineado con alias Calarcá ha convertido la región en un tablero de guerra. La Defensoría del Pueblo, en una alerta reciente, describió la situación como “crítica” y pidió medidas urgentes para evitar que las comunidades queden atrapadas en medio de la nueva ofensiva.
Aunque el Gobierno insiste en que se trata de una operación estratégica contra finanzas criminales, analistas en seguridad interpretan el bombardeo como un signo del deterioro del proyecto de “paz total”. Señalan que, pese a los intentos de negociación, las disidencias fortalecieron su poder territorial y ampliaron su capacidad de reclutamiento.
Mientras continúan los sobrevuelos y el despliegue de tropas, el Comando Conjunto de Operaciones Especiales mantiene la zona bajo reserva operacional, a la espera de consolidar información verificable sobre los resultados de la ofensiva. Por ahora, las autoridades reconocen que la operación apenas está en su primera fase y que el desarrollo de las acciones podría extenderse durante los próximos días.