En un fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por diez años contra Álvaro Leyva Durán, exministro de Relaciones Exteriores, por irregularidades en la licitación de pasaportes.
Gregorio Eljach, procurador general, firmó la sanción disciplinaria tras concluir que Leyva incurrió en una falta gravísima con dolo al declarar desierto un proceso que cumplía con todos los requisitos legales.
Según el fallo, la Unión Temporal Pasaportes 2023 superó las exigencias técnicas y jurídicas establecidas, por lo que no había sustento para cancelar la licitación. La decisión del excanciller, aun así, cerró la competencia y desató un escándalo nacional.
El ente de control determinó que la actuación de Leyva desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública. La conducta quedó clasificada como dolosa al no encontrar justificación legal en su proceder.
Su defensa intentó frenar la sanción con argumentos de persecución política y falta de imparcialidad, pero la Procuraduría desechó esas alegaciones y ratificó que el proceso respetó las garantías del debido proceso.
Con esta decisión, Leyva queda apartado de cualquier cargo público durante una década, un hecho que marca un quiebre en la trayectoria de quien fue figura clave del gobierno de Gustavo Petro.
La investigación no se detuvo en el excanciller. El organismo de control mantiene bajo la lupa un convenio por 1,3 billones de pesos firmado con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, en el que ya se advierten posibles irregularidades.
El caso envía un mensaje contundente, la contratación estatal no puede convertirse en escenario de arbitrariedades ni intereses personales. Leyva, antes referente político, pasa ahora a la historia como protagonista de uno de los mayores escándalos administrativos en Colombia.