El episodio generó reacciones en redes sociales, un comunicado del grupo señalado y el llamado del Distrito a que se adelanten investigaciones
La denuncia sobre una presunta intervención armada en un accidente de tránsito ocurrido en El Rodadero volvió a sacudir el debate sobre el control territorial en zonas turísticas de Santa Marta. El defensor ambiental Luis Miguel Moisés aseguró que su hijo fue intimidado y obligado a pagar $1.500.000 tras un choque con una motocicleta eléctrica alquilada.
El hecho, registrado frente al edificio Santa María del Mar, pasó de ser según el relato un incidente vial menor a convertirse en un episodio que hoy involucra señalamientos directos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y un cruce público de mensajes en redes sociales.
Del choque a la presunta mediación armada
De acuerdo con la versión entregada por Moisés, el accidente debía resolverse por los canales institucionales, ya fuera mediante la intervención de autoridades de tránsito o a través de la póliza que debería cubrir este tipo de daños en vehículos destinados al alquiler turístico.
No obstante, afirmó que al sitio no acudieron agentes oficiales. En su lugar, llegaron cinco hombres en motocicleta que según su testimonio se identificaron como integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El denunciante sostuvo que estos sujetos asumieron la mediación del caso y exigieron el pago inmediato de $1.500.000 por los daños ocasionados, sin que mediara procedimiento formal o peritaje técnico.
En el video difundido en redes sociales, Moisés aseguró que su hijo fue presionado con la advertencia de que, si no entregaba el dinero, “lo subirían a la Sierra”, en alusión a la Sierra Nevada de Santa Marta, una frase que interpretó como amenaza directa.
La controversia en X
Tras la viralización del caso, una cuenta atribuida al grupo armado respondió a través de X señalando que el video “no se ve” y que en el lugar solo estaban el propietario del vehículo afectado y su hijo, negando así la presencia de hombres armados en la escena.
El mensaje añadió que estaban “atento” para aclarar la situación y que su intención era “servir al pueblo”, lo que generó nuevas reacciones y cuestionamientos en redes sociales.
Moisés reposteó esa publicación y reiteró su acusación, señalando que lo ocurrido evidenciaría una forma de “gobernanza criminal” y que cinco hombres armados habrían constreñido a menores de edad junto al comerciante involucrado.
El comunicado, antecedentes y reacción institucional
Horas más tarde, el denominado Estado Mayor de las ACSN emitió un comunicado a la opinión pública en el que desmintió las amenazas y aseguró no tener “absolutamente nada que ver” con los hechos relatados por el ambientalista, reiterando su voluntad de paz en el marco de la Ley 2272.
Sin embargo, tras la difusión del caso, varios ciudadanos comentaron en redes sociales que este no sería un hecho aislado. Algunos usuarios afirmaron que en distintos barrios de la ciudad el mismo grupo habría intervenido en riñas, hurtos y conflictos comunitarios, exigiendo sumas similares de dinero bajo advertencias parecidas.
Aunque estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades, los señalamientos incrementaron la preocupación pública sobre una posible mediación ilegal en conflictos cotidianos.
Por su parte, desde la Alta Consejería para la Paz del Distrito se solicitó a la Policía Metropolitana y a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo o no intervención de actores armados, en un caso que vuelve a poner en debate la presencia de estructuras ilegales en sectores urbanos y turísticos de la ciudad.