Abelardo De La Espriella se queda sin fórmula soñada: Álvaro Uribe no podrá ser candidato a la Vicepresidencia en 2026 por razones judiciales e institucionales

El expresidente colombiano puso fin a las versiones sobre una posible candidatura a la Vicepresidencia, citando impedimentos institucionales y señalando que enfrenta un proceso judicial politizado.

Álvaro Uribe Vélez descartó públicamente cualquier aspiración a la Vicepresidencia de Colombia, en medio de crecientes rumores alimentados por sectores cercanos al uribismo y, en especial, por su hijo Tomás Uribe. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el exmandatario argumentó que no quiere contribuir a una crisis institucional y que su decisión está condicionada por un proceso judicial en curso que, según él, está cargado de motivaciones políticas.

La aclaración del expresidente llega tras varios días de especulación, luego de que Tomás Uribe publicara una carta sugiriendo que su padre sería la figura ideal para acompañar una fórmula presidencial en 2026 y liderar la oposición contra el actual gobierno. Sin embargo, Uribe fue enfático al rechazar esa posibilidad.

“No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones”, afirmó el exmandatario. Añadió que su decisión la toma mientras enfrenta “un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”.

La propuesta de Tomás Uribe generó una ola de reacciones en el espectro político. Su planteamiento buscaba consolidar a su padre como un símbolo unificador frente al petrismo y al sector liderado por el expresidente Juan Manuel Santos. “Álvaro Uribe es el único líder que puede unir a la oposición democrática”, escribió Tomás en su misiva.

Pero el debate trascendió la coyuntura electoral y se trasladó al terreno jurídico. Diversos analistas recordaron que la Constitución prohíbe que quien haya sido presidente vuelva a ejercer ese cargo, incluso desde la Vicepresidencia. El artículo 204 establece que el vicepresidente debe cumplir con las mismas condiciones del presidente, lo que dejaría sin piso legal una eventual postulación de Uribe.

En su mensaje, el expresidente también arremetió contra el sistema judicial, apuntando a presuntas irregularidades. “El ministro Montalegre, presunta víctima mía, llevó a trabajar en el ministerio a la esposa de su cercano fiscal Mejía, quien encarceló a mi hermano. Ese fiscal fue cuota de Leónidas Bustos, prófugo del Cártel de la Toga”, señaló.

El momento político en el que Uribe emite su declaración no es menor. El próximo 28 de julio, la jueza Sandra Heredia dará a conocer el sentido del fallo en el caso que enfrenta por presunta manipulación de testigos. Desde el uribismo, se ha planteado que esta acusación busca apartarlo definitivamente de la política.

“La posible inhabilitación de Álvaro Uribe”, alertó Tomás Uribe, quien ve en el proceso penal una estrategia para sacarlo del tablero electoral. Esta lectura ha sido compartida por otros voceros del Centro Democrático, quienes denuncian una “persecución jurídica”.

Mientras tanto, la defensa del expresidente llevó su denuncia al plano internacional. El abogado Víctor Mosquera alertó a la ONU y la Cidh sobre presiones indebidas, especialmente por parte de Rodrigo Londoño y Diosdado Cabello. “Estas declaraciones pretenden influir en la justicia colombiana y vulneran su independencia”, afirmó.

Según Mosquera, permitir ese tipo de pronunciamientos por parte de figuras con antecedentes penales “socava el Estado de derecho y mina la imparcialidad del proceso” en el que Uribe enfrenta cargos por soborno y fraude procesal.

La decisión de Uribe deja a varios sectores políticos sin una figura de arrastre para las elecciones de 2026. Entre ellos, se encontraba el abogado Abelardo De La Espriella, quien había planteado públicamente su intención de postularse con el exmandatario como fórmula vicepresidencial.

A pesar del retiro de Uribe, el uribismo sigue apostando por su legado como bandera electoral. Lo que ocurra el 28 de julio, cuando se conozca la decisión judicial en su contra, marcará el rumbo de su influencia política y el papel que jugará su movimiento en los comicios que se avecinan.

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