El polémico caso que enfrentó a la congresista con la Defensoría del Pueblo llegará ahora a la revisión de la Corte Constitucional.
La senadora María Fernanda Cabal tuvo que retractarse públicamente de sus polémicas declaraciones sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP), en cumplimiento de un fallo judicial que la obligó a reconocer la responsabilidad del Estado en estos hechos. El dictamen, emitido por los juzgados 45 Civil Municipal y 58 Civil del Circuito de Bogotá, resolvió una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que acusó a la parlamentaria de vulnerar el derecho a la información veraz tras una entrevista concedida en octubre de 2025.
Esta controversia se originó cuando la congresista del Centro Democrático desestimó de forma tajante la participación estatal en la violencia sistemática contra el partido de izquierda, contradiciendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de 2022. Durante el polémico episodio televisivo, Cabal arremetió contra su entrevistador asegurando que tenía “cemento en el cerebro” por sostener una postura contraria, lo que desencadenó un debate jurídico sobre los límites de la opinión de los funcionarios públicos frente a las verdades judiciales históricas.
Una rectificación bajo protesta institucional
A través de un video difundido en sus canales oficiales, la legisladora dejó en claro su total inconformismo con la decisión de los despachos judiciales, calificando la orden como un mecanismo de opresión contra sus derechos políticos. En su intervención, argumentó que la providencia de la Corte IDH también contempla el deber de continuar con las indagaciones penales individuales para el esclarecimiento total de los crímenes.
Para sustentar su posición y defender su lectura del fallo internacional, la senadora afirmó textualmente en su alocución:
“Es cierto que el fallo interamericano determina una responsabilidad del Estado, así como también dispone en el punto 26 la obligación del Estado para iniciar, impulsar, reabrir las investigaciones con el fin de establecer la verdad de los hechos (…) al igual que también es cierto que a la fecha se conocen de 96 integrantes de las Farc-EP y las Autodefensas por el exterminio de la UP”.
Pese a los argumentos de la defensa, los jueces de tutela determinaron que la relevancia social de una figura política impide que se difundan datos inexactos que ignoren el consenso legal ya establecido. Por este motivo, se le exigió presentar una corrección explícita ante la opinión pública, un acto que la congresista ejecutó enfatizando que lo hacía únicamente por respeto a las instituciones del país y no por una auténtica transformación de su pensamiento.
El debate por la libertad de expresión ideológica
La oposición de la parlamentaria frente a la decisión de los juzgados locales se basó en una presunta violación a sus garantías constitucionales de libre examen y crítica política. Desde su perspectiva, forzar a un dirigente de elección popular a retractarse de sus interpretaciones sobre el conflicto armado sienta un precedente adverso para el ejercicio democrático en el territorio nacional.
Haciendo énfasis en que la medida vulnera la protección legal a sus declaraciones, Cabal expuso abiertamente en su grabación:
“No comparto los fundamentos jurídicos de esas providencias. Estoy convencida que desconocen mis derechos a la libertad de expresión política, protegidos constitucional y convencionalmente”.
Asimismo, la congresista aprovechó el espacio audiovisual para aclarar que la lectura de la rectificación no significaba el abandono de los ideales que defiende ante sus electores. «Dejo constancia expresa de que este acto no obedece a cambio alguno en mis convicciones y no implica renuncia a mis derechos fundamentales», aseveró de forma vehemente antes de proceder con el texto oficial exigido por los magistrados.
Expresión de disculpas y el futuro en el alto tribunal
Hacia el cierre de su pronunciamiento, la senadora cumplió de manera formal con el requerimiento de la tutela, dirigiendo un message a los afectados por la violencia contra la UP que son representados por el colectivo Reiniciar. No obstante, mantuvo el tono distante y reiteró que la manifestación respondía de manera exclusiva a una imposición legal externa y no a un sentimiento propio de arrepentimiento.
Para concluir su transmisión en la plataforma digital, la parlamentaria selló su intervención manifestando:
“A las víctimas e integrantes de la Unión Patriótica representadas por la Corporación Reiniciar les ofrezco la disculpa que esta orden me impone. Confío en que la Corte Constitucional restablecerá mi derecho a opinar libremente sobre la historia de Colombia”.
La atención de los analistas se traslada ahora al máximo tribunal constitucional, el cual tendrá la tarea de revisar el expediente y emitir un concepto definitivo sobre este choque de derechos. La futura decisión de la Corte Constitucional resultará fundamental para delimitar la frontera entre el respeto a la memoria de las víctimas de la guerra y la autonomía de los actores políticos para debatir sobre la historia contemporánea.
