Entre denuncias por corrupción y la venta de jugos para financiar su independencia, un reportero de 25 años terminó silenciado por las balas que intentaba documenta
El cuerpo sin vida del periodista Mateo Pérez Rueda de 25 años fue rescatado por una comisión integrada por la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la vereda El Palmichal, jurisdicción de Briceño. El joven comunicador, quien se desempeñaba como director del portal digital El Confidente, había desaparecido desde el pasado martes cuando se desplazó a la zona para realizar trabajos de campo y buscar testimonios sobre el orden público local.
El reportero fue interceptado en el sector de El Hoyo mientras se movilizaba en su motocicleta para cubrir la realidad de la subregión y los recientes enfrentamientos entre grupos ilegales. De acuerdo con testimonios recolectados en la zona, la víctima habría sido sometida a interrogatorios por parte de irregulares antes de su asesinato, ignorando las advertencias que sugerían no abandonar el casco urbano debido a la intensidad del conflicto armado.
Estructura responsable no tendría voluntad de paz
El mandatario nacional, Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso confirmando que el crimen habría sido ejecutado por una facción que no tiene acercamientos con el Gobierno. “Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano, del frente Darío Gutiérrez, que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales. Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el Gobierno”, manifestó el jefe de Estado.
La información oficial detalla que este grupo centra su accionar en el control de las economías ilícitas en el norte del departamento, lo que habría motivado el ataque ante la presencia del reportero en sus áreas de influencia. “La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, subrayó el presidente, desvinculando este hecho de sangre de los procesos de diálogo que se adelantan con otros grupos armados.
Una labor periodística marcada por la denuncia social
El comunicador había fundado su medio alternativo, El Confidente, desde sus años escolares, consolidándolo como una plataforma de veeduría política en municipios como Valdivia, Ituango y Briceño. Su portal abordaba temas de corrupción administrativa y seguridad, lo que le valió enfrentar diversas presiones legales y amenazas previas debido a su estilo de inmersión y presencia física en los lugares donde ocurrían los hechos.
Para mantener la independencia de su ejercicio profesional, el joven costeaba sus gastos personales con un emprendimiento propio de jugos en su vivienda. Sus colegas lo recuerdan como un profesional que rechazaba las entrevistas telefónicas, prefiriendo siempre el contacto directo con las comunidades afectadas por la violencia para dar a conocer la realidad de los territorios que otros medios no cubrían.
Clamor de justicia y rechazo de organizaciones civiles
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lamentó el desenlace de la búsqueda y destacó el papel fundamental que cumplía el comunicador en la región antioqueña. “La FLIP condena el asesinato del director del medio digital de Yarumal. Se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local; informó sobre temas relacionados con corrupción administrativa y seguridad”, señaló la organización en su comunicado oficial.
La entidad defensora de periodistas también hizo un llamado urgente al Gobierno para adoptar medidas reales de protección para la prensa regional en situación de vulnerabilidad. Por su parte, la administración departamental anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Chalá’, señalado como el autor material del homicidio del joven investigador.
El dolor de una familia ante el riesgo inminente
El padre del joven relató que intentó persuadirlo de no viajar al municipio de Briceño por la compleja situación de orden público que se vive en las veredas. “Le dije que no fuera, que eso estaba muy caliente”, recordó con tristeza, explicando que su hijo le aseguró que el área estaría militarizada para no generar preocupación en su hogar antes de partir a realizar sus entrevistas de campo.
El sector periodístico ha manifestado su preocupación por el silencio informativo que impone este crimen en el norte de Antioquia tras el cierre de su plataforma. El reportero no solo narraba los sucesos cotidianos, sino que enfrentaba procesos judiciales derivados de sus investigaciones sobre nexos entre actores locales y grupos ilegales. Su muerte deja un vacío en la fiscalización de los recursos públicos y la memoria histórica de las víctimas del conflicto en la subregión.
