El mandatario vincula directamente a la junta directiva con una red de triangulación financiera que habría evaporado millonarios recursos públicos.
La controversia en torno a la gestión de recursos de salud en Colombia alcanza un nuevo pico de tensión tras las recientes denuncias del presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado ha puesto en el centro del debate la integridad de la EPS Coosalud, señalando un presunto esquema de corrupción sistémica que compromete el capital destinado a la atención de los ciudadanos.
Este escenario surge en medio de una vigilancia intensificada por parte de los entes de control, donde se cuestiona no solo la contabilidad de la entidad, sino la responsabilidad ética y legal de sus altos mandos. La gravedad de los hallazgos ha llevado al Ejecutivo a solicitar la intervención inmediata de la justicia ordinaria para esclarecer el destino de los activos estatales.
Mecanismos de una presunta ingeniería financiera
La Superintendencia de la Economía Solidaria, bajo el liderazgo de María José Navarro, ha identificado lo que parece ser una estrategia deliberada para ocultar deudas y beneficiar a conglomerados privados. Según la funcionaria, la entidad habría utilizado una “lógica de triangulación y desvío de recursos con el fin de maquillar pasivos”, empleando herramientas como pagarés en blanco y estructuras fiduciarias.
Esta sofisticada maniobra habría permitido transformar obligaciones financieras en registros que simulaban ser inversiones. Al respecto, el presidente Petro fue contundente a través de sus redes sociales al señalar que estas acciones no son errores contables, sino delitos: “Son más de 300.000 millones de pesos los que se esfuman y es dinero público”, enfatizó el mandatario.
Las investigaciones apuntan a que se realizaron simulaciones de compra de cartera que superan los $55.000 millones de pesos. Además, se detectó la creación de un patrimonio autónomo con movimientos que ascienden a los $90.000 millones, los cuales carecerían de un sustento operativo claro dentro de la misión de prestación de servicios de salud.
Auditoría forense y el rastro de los préstamos “leoninos”
Uno de los puntos más críticos revelados por el Gobierno es la existencia de una auditoría forense que expondría cómo se utilizaron recursos públicos para respaldar créditos privados. Petro sostiene que se garantizó un préstamo superior a los $200.000 millones a empresas vinculadas directamente con Jaime Miguel González Montaño, gerente de la entidad.
El mandatario no ha dudado en calificar estos movimientos como fraudulentos y ha pedido que los directivos, incluyendo a figuras como Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos, rindan cuentas ante la Fiscalía General de la Nación. Para el Ejecutivo, la junta directiva no pudo ser ajena a la aprobación de lo que denominó un “préstamo leonino”.
Adicionalmente, se reporta una inconsistencia alarmante en el Fondo de Aportes Sociales. Mientras los registros debían mostrar cerca de $15.000 millones de pesos, la realidad contable arrojó un saldo de apenas $550 millones. Esta evaporación de fondos de los asociados refuerza la tesis de un desfalco estructural dentro de la cooperativa.
Desafío presidencial ante las sanciones judiciales
A pesar de la presión legal que incluye una multa de 15 salarios mínimos por no retractarse de afirmaciones previas, Gustavo Petro ha manifestado que no cesará en sus denuncias. El presidente considera que el sistema judicial debe priorizar la protección del erario por encima de las formas procesales que han limitado su discurso.
“La justicia no se puede poner del lado de los bandidos”, declaró el mandatario, reafirmando su postura de que la transparencia en el manejo de las EPS es una prioridad innegociable de su administración. Esta determinación sugiere que el conflicto entre el Gobierno y las directivas de Coosalud escalará a instancias penales definitivas.
Finalmente, el caso Coosalud se convierte en el emblema de la lucha del Gobierno por reformar el sistema de salud. La trazabilidad de un crédito por $221.000 millones sigue siendo una incógnita para la Superintendencia, mientras el país observa si estas denuncias resultarán en condenas efectivas o si se diluirán en la compleja red de la burocracia financiera.
