El Ministerio de Ambiente destinó $7.000 millones para frenar la expansión de la especie invasora en el Magdalena Medio, tras confirmar que ningún país aceptó recibirlos y que la población podría triplicarse en cuatro años
La crisis ambiental desatada por la herencia biológica de la Hacienda Nápoles ha llegado a un punto de no retorno. El Gobierno Nacional anunció formalmente el inicio de un plan de manejo que incluye el sacrificio de cerca de 80 hipopótamos durante el segundo semestre de 2026, medida tomada tras el fracaso de las gestiones internacionales para su reubicación.
Esta decisión busca mitigar el impacto de una especie que ha colonizado los ecosistemas hídricos del país desde 1981, cuando el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente los primeros cuatro ejemplares —tres hembras y un macho— procedentes de un zoológico en Estados Unidos.
Según proyecciones técnicas, la población actual, que ya supera los 200 individuos, podría alcanzar los 500 ejemplares para el año 2030 si no se aplican medidas letales de forma inmediata. La ministra de Ambiente (e), Irene Vélez, enfatizó que esta intervención es una “responsabilidad ambiental” ineludible, pues la especie carece de depredadores naturales en el territorio colombiano y está desplazando a fauna nativa vital como el manatí y la tortuga de río.
El portazo de la comunidad internacional
A pesar de los esfuerzos por buscar una salida no letal, el panorama global es desalentador. El Ministerio confirmó que, tras realizar gestiones en siete países y con dos asociaciones internacionales de zoológicos y acuarios, “no hemos obtenido ninguna respuesta positiva”. Países como México ya se han pronunciado negando la solicitud, mientras que en otros casos, como Ecuador, India y Sudáfrica, se mantiene un silencio administrativo que las autoridades colombianas asumen legalmente como una respuesta negativa.
Incluso en los casos donde hubo un interés inicial, las trabas logísticas y legales frenaron los traslados. En Filipinas, por ejemplo, aunque el Ministerio aprobó la entrada de cinco individuos, el zoológico receptor se retractó finalmente por los altos costos operativos. En el caso de Perú, se llegó a una aprobación ministerial para dos ejemplares, pero el Parque de Las Leyendas negó el recibimiento alegando falta de áreas adecuadas para albergarlos, lo que cierra prácticamente la vía de la exportación.
El desafío del confinamiento y los altos costos
Ante la imposibilidad de enviarlos al exterior, la opción de mantenerlos en cautiverio dentro de Colombia también enfrenta obstáculos insuperables. Las autoridades han identificado limitaciones críticas, principalmente los “costos elevados” que implican la construcción de una infraestructura lo suficientemente robusta para contener a estos animales de tres toneladas. Además, el confinamiento conlleva la obligación de castrar al 100% de los individuos para evitar que la población siga creciendo bajo custodia estatal.
Sumado al factor económico, existe una preocupación ética y de bienestar animal relacionada con el espacio. El Ministerio advirtió que mantener a estos animales en áreas limitadas puede derivar en condiciones de hacinamiento que comprometerían su salud hasta su muerte natural. Por ello, en sus redes sociales, la entidad subrayó que “las alternativas como la translocación han sido exploradas sin éxito debido a restricciones internacionales y limitaciones operativas”, dejando la eutanasia como la ruta técnica más viable.
Protocolos estrictos para el sacrificio ético
Para garantizar que el proceso se realice bajo estándares internacionales, el país ya “cuenta con un protocolo que regula la aplicación de la eutanasia (…) garantizando criterios técnicos, sanitarios y de bienestar animal”. Se han definido dos modalidades: la química, mediante inmovilización y posterior inyección; y la física, que requiere de tiradores certificados para realizar disparos de precisión con rifles de alto poder. El objetivo es provocar una conmoción irreversible y muerte inmediata, minimizando cualquier rastro de sufrimiento.
La disposición final de los restos también es un punto crítico del plan. Los lineamientos sanitarios establecen que se priorizará el enterramiento en fosas de hasta cuatro metros de profundidad para garantizar la bioseguridad y la trazabilidad del proceso. En sus comunicaciones oficiales, la cartera de Ambiente defendió esta hoja de ruta señalando que “son decisiones técnicas que priorizan el cuidado de la vida, la biodiversidad y las comunidades”, desmarcándose de críticas sobre la ética del sacrificio.
Financiamiento y protección de la biodiversidad
La ejecución de este plan de choque cuenta con una partida presupuestal sin precedentes de $7.000 millones de pesos. Estos recursos no solo financiarán las eutanasias, sino que permitirán a las corporaciones autónomas regionales fortalecer el monitoreo en los puntos críticos de dispersión. El Ministerio recordó que “por primera vez se asignan recursos específicos para su implementación”, lo que permitirá actuar de manera coordinada en los departamentos donde la especie ya se considera una plaga.
Finalmente, el Gobierno recalca que el objetivo superior es proteger el patrimonio natural de los colombianos. La expansión del hipopótamo como especie exótica invasora “exige decisiones responsables y basadas en evidencia”, pues la alteración de las fuentes hídricas y la competencia con especies nativas es ya una realidad alarmante. Con la firma de esta circular, se inicia un proceso irreversible para intentar recuperar el equilibrio de los ríos nacionales frente a una amenaza que comenzó hace más de cuarenta años.
