Destituido mayor de la Policía por asesinar a joven en Ibagué durante las protestas del estallido social
El oficial Molano recibió una inhabilidad de 14 años tras confirmarse que disparó de forma deliberada contra Santiago Murillo en 2021
La Procuraduría General de la Nación dictó el fallo de destitución e inhabilidad por 14 años contra el mayor (r) Jorge Mario Molano Bedoya, responsable del homicidio de Santiago Andrés Murillo Meneses. Los hechos ocurrieron el 1 de mayo de 2021 en Ibagué, Tolima, cuando el oficial, en un uso excesivo de la fuerza, accionó su arma de fuego contra el joven de 19 años. Según el ente de control, la conducta fue calificada como gravísima a título de dolo, al probarse que el uniformado actuó con plena voluntad y conocimiento de la ilegalidad de su acción.
El Ministerio Público determinó que Molano Bedoya, quien fungía como comandante de estación, ignoró los protocolos constitucionales y legales que rigen el uso de armas en manifestaciones públicas. La investigación concluyó que el oficial no enfrentaba ninguna amenaza que justificara el disparo letal, ya que la víctima caminaba sola hacia su hogar en el sector de la calle 60 con carrera Quinta y no participaba en actos de confrontación contra la fuerza pública en ese momento.
Violación de DD.HH. y uso desmedido de la fuerza
La decisión de la Procuraduría subraya que el oficial sancionado tenía el deber de proteger la vida, pero en su lugar, desconoció las directrices institucionales sobre el manejo del orden público. Las pruebas técnicas y peritajes de balística fueron contundentes al vincular directamente el proyectil que impactó a Murillo con el arma de dotación del mayor (r) Molano. Para el ente de control, el actuar del uniformado no fue un error procedimental, sino una decisión consciente de afectar el derecho fundamental a la vida.
Este fallo se sustenta en que el oficial tenía formación avanzada en el manejo de crisis y conocía las restricciones estrictas sobre el uso de armas de fuego en contextos civiles. La falta de proporcionalidad en su reacción fue el eje central de la sanción, pues se evidenció que la zona donde ocurrió el disparo no presentaba disturbios que pusieran en riesgo la integridad del oficial o de terceros al momento de apretar el gatillo.
El impacto en las víctimas y el precedente legal
Sandra Meneses, madre de Santiago, manifestó que esta decisión representa un paso crucial en la búsqueda de justicia, aunque aclaró que ninguna sanción administrativa compensa la pérdida de su hijo. La familia ha mantenido una lucha constante durante cinco años para evitar que el caso quedara en la impunidad, logrando que el Estado reconozca oficialmente que el joven fue atacado de manera discriminada e injustificada por un servidor público.
La sanción contra Molano Bedoya es vista por organizaciones de derechos humanos como un hito en la rendición de cuentas de la fuerza pública tras el paro nacional. El fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad individual de los altos mandos durante operativos de control de masas, reforzando la idea de que la investidura policial no exime de consecuencias penales o disciplinarias cuando se vulneran las garantías mínimas de los ciudadanos.
Contra esta determinación de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual deberá ser resuelto por el despacho del Procurador General de la Nación. Mientras se surte este proceso en efecto suspensivo, la sanción queda como un registro histórico del actuar irregular de la Policía en Ibagué.
Finalmente, la comunidad ibaguereña y los movimientos sociales han recibido la noticia como una victoria de la memoria histórica. El caso de Santiago Murillo sigue siendo el eje del debate sobre la necesidad de una reforma estructural a los protocolos de intervención policial en Colombia, buscando que tragedias similares no vuelvan a repetirse en las calles del país.