Captaban agua de forma ilegal, sin protocolos de higiene y la vendían en Santa Marta; Dadsa y Policía los selló

Este operativo frena la comercialización de un líquido que se procesaba en condiciones precarias y se distribuía bajo engaño como un producto apto para el consumo

La intervención oficial, liderada por la autoridad ambiental, se produjo tras una serie de denuncias ciudadanas que alertaban sobre irregularidades en el suministro del sector. La comunidad, preocupada por la baja presión del servicio, sospechaba de un uso desmedido de la red pública por parte de un establecimiento comercial dedicado a la venta de agua embotellada.

Históricamente, Santa Marta ha enfrentado desafíos críticos en el acceso al recurso hídrico, lo que convierte la captación ilícita en un delito de alto impacto social. En esta ocasión, la presión ejercida por los vecinos, incluso mediante herramientas legales como acciones de tutela, obligó a las autoridades a inspeccionar el recinto bajo la sospecha de explotación irregular.

Durante la diligencia técnica, los funcionarios confirmaron que el negocio, identificado como “H2O The Yahvéun”, carecía de cualquier vínculo legal con la empresa de acueducto Essmar. No existían facturas, contratos de servicio ni medidores que avalaran el origen lícito del líquido, lo que tipifica una conexión clandestina que drenaba el sistema público para beneficio privado.

El panorama sanitario hallado en el interior de la planta resultó ser el aspecto más crítico para la salud de los consumidores. Los inspectores documentaron la presencia de moho en las tuberías y un avanzado estado de deterioro en los sistemas de filtración, elementos que invalidan cualquier proceso de potabilización y transforman el producto en un riesgo bacteriológico inminente.

Sumado al óxido y la suciedad en las áreas de procesamiento, la autoridad ambiental detectó la presencia de plagas y una falta de limpieza profunda en las albercas de almacenamiento. Estas condiciones, lejos de cumplir con los estándares nacionales, evidenciaron que el agua embotellada se producía en un entorno contaminado, sin las garantías mínimas de aseo exigidas por la ley colombiana.

En el ámbito administrativo, el propietario no pudo certificar la calidad del producto mediante los análisis de laboratorio semestrales que exige la normativa vigente. La ausencia de un concepto favorable por parte de la Secretaría de Salud fue determinante para concluir que el establecimiento operaba con un mantenimiento inexistente, sin soporte técnico real sobre su infraestructura de purificación.

Como consecuencia inmediata, el Dadsa impuso una medida preventiva de suspensión de actividades, amparada en el incumplimiento del Decreto 1076. La Policía Metropolitana acompañó el sellamiento del lugar, enfatizando que el almacenamiento del líquido no cumplía con los requisitos visuales ni de desinfección necesarios para un recurso destinado al consumo de las personas.

Este operativo envía un mensaje de control a los comercializadores de la región, recordando que la captación sin permisos y la venta de agua sin pruebas de laboratorio son faltas graves. Las autoridades instaron a los samarios a verificar la procedencia de sus suministros y a continuar denunciando instalaciones que atenten contra el bienestar colectivo y la transparencia en el uso del recurso.