La Sala de Instrucción del alto tribunal dictó medida de aseguramiento contra los legisladores tras acusarlos de cohecho impropio, vinculándolos directamente con el entramado de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha marcado un hito en la justicia colombiana, revelando cómo el aparato estatal pudo ser utilizado para cooptar voluntades dentro del Legislativo. La investigación, que ha escalado hasta las esferas más altas del Congreso y el Ejecutivo, se centra en el presunto direccionamiento de contratos y recursos públicos para asegurar apoyos políticos estratégicos, comprometiendo gravemente la integridad de la gestión pública y el manejo de los fondos destinados a las emergencias nacionales.
Este escándalo, que ha involucrado a múltiples exministros, directores de entidades y parlamentarios, es el epicentro de una serie de procesos judiciales que buscan desarticular una presunta red de corrupción que operaba desde el interior del Gobierno. A través de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), según las evidencias recaudadas, se habrían fraguado negociaciones ilegales para obtener el visto bueno a operaciones financieras del Estado a cambio de beneficios en la adjudicación de obras en regiones clave.
Medida de aseguramiento y acusaciones formales
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el senador Wadith Alberto Manzur y la representante a la Cámara, Karen Manrique, por su presunta participación en este esquema delictivo. La determinación judicial responde a la valoración de pruebas que vinculan a los congresistas con el delito de cohecho impropio, cometido durante el segundo semestre de 2023 mientras ejercían funciones determinantes en la aprobación de créditos de la Nación.
Paralelamente a la reclusión de Manzur y Manrique, el alto tribunal formalizó el llamado a juicio contra otros cuatro parlamentarios y un excongresista por los mismos hechos: Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y el exlegislador Juan Diego Muñoz Cabrera. A diferencia de los dos primeros, el tribunal determinó que estos últimos podrán afrontar el proceso penal en libertad, aunque bajo las restricciones y el seguimiento permanente que exige la gravedad de las imputaciones que recaen sobre ellos.
El esquema de corrupción en la CICP
El núcleo de la acusación sostiene que los congresistas habrían aceptado ofrecimientos por parte de altos funcionarios del Ministerio de Hacienda con el fin de manipular conceptos técnicos en la CICP. La contraprestación, según las investigaciones, consistía en el impulso y direccionamiento de proyectos de infraestructura e interventoría de la UNGRD en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar, los cuales contaban con presupuestos cercanos a los 92.000 millones de pesos.
La decisión de la Corte se fundamenta en un acervo probatorio que incluye testimonios clave, documentos y grabaciones, los cuales habrían permitido reconstruir encuentros donde se definieron los montos y beneficios que el Ejecutivo entregaría a los congresistas. Según los hallazgos, el papel de Manzur y Manrique como presuntos enlaces entre el Gobierno y los legisladores fue determinante para materializar las supuestas dádivas en medio de las gestiones ante el Ministerio del Interior y Hacienda.
Hallazgos probatorios y roles en el Ejecutivo
Las investigaciones señalan que la coordinación de estas maniobras se habría dado mediante reuniones discretas y comunicaciones virtuales en las que participaban asesores del despacho ministerial y directivos de la UNGRD. Incluso, existen testimonios que detallan cómo se solicitaban espacios en la agenda oficial de los funcionarios involucrados para discutir la ejecución de los proyectos pactados bajo el esquema de corrupción, evidenciando una presunta instrumentalización de la agenda de gestión del riesgo.
Para la Corte, la medida privativa de la libertad contra los dos congresistas se justifica por la necesidad de asegurar la integridad del proceso y el riesgo que su actuación habría representado para la administración pública. Mientras el expediente transita ahora hacia la Sala de Primera Instancia para el desarrollo de la etapa de juzgamiento, el Congreso deberá proceder con las notificaciones legales que derivarán en la suspensión de los cargos de los parlamentarios afectados por la medida carcelaria.
El impacto político de este fallo es significativo, toda vez que Wadith Manzur había sido ratificado recientemente por las urnas con una votación que lo posicionaba como una de las figuras fuertes del Partido Conservador. Con esta decisión, el alto tribunal reafirma su postura de avanzar con severidad contra los miembros de la rama legislativa que, aprovechando su posición en comisiones estratégicas, habrían vulnerado el ordenamiento jurídico en beneficio propio.
Defensa y futuro del proceso judicial
Por su parte, los implicados, incluyendo a quienes seguirán vinculados al proceso en libertad, han sostenido su inocencia frente a las acusaciones del tribunal. La defensa de los procesados argumenta que las actuaciones de los congresistas se ajustaron a sus competencias legales dentro de la CICP, negando la existencia de un acuerdo ilícito para favorecer proyectos específicos a cambio de dádivas o beneficios personales.
El caso de la UNGRD continúa evolucionando, con la expectativa de que el juicio oral permita dilucidar con total claridad el alcance de la red de corrupción y las responsabilidades individuales de cada uno de los parlamentarios llamados a responder ante la justicia. La Corte Suprema, mientras tanto, sigue analizando nuevas pruebas y testimonios para determinar si existen méritos para proceder con futuras compulsas de copias contra otros actores mencionados en el expediente que aún no han sido vinculados formalmente.
Este desenlace judicial ocurre a pocos días de que el Congreso retome sus labores legislativas, dejando un ambiente de tensión en los pasillos del Capitolio Nacional. La suspensión de los congresistas y el impacto mediático del caso obligan a las colectividades políticas a evaluar sus protocolos internos y el cumplimiento de los estándares éticos, en medio de una opinión pública que exige resultados contundentes contra la corrupción en todas las instancias del Estado.