Un fiscal especializado y dos subintendentes de la SIJÍN fueron capturados tras ser señalados de exigir dádivas económicas a cambio de la devolución de un vehículo de carga incautado
El panorama judicial en la capital del Magdalena se sacudió este jueves tras la captura de Leopoldo Eduardo Montes Dávila, fiscal 19 de la Unidad de Reacción Inmediata (URA) Antinarcóticos. El funcionario, cuya detención se ejecutó en su propio despacho, es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de concusión y falsedad material en documento público.
Junto al fiscal, las autoridades hicieron efectivas las órdenes de captura contra los subintendentes de la Policía Metropolitana, Wladimir San Juan Márquez y Javier Tapias Madera. Ambos uniformados, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), fueron aprehendidos dentro de las instalaciones del comando policial por agentes del CTI procedentes de Barranquilla.
El origen de la investigación
Las pesquisas que derivaron en estos operativos internacionales se centran en un evento ocurrido el pasado 25 de enero. Según el expediente liderado por la Fiscalía 01 Anticorrupción, los tres implicados habrían coordinado la inmovilización irregular de un camión que transportaba mercancía en la zona.
Una vez el vehículo estuvo bajo custodia oficial, los hoy procesados habrían contactado al propietario para exigirle una suma de dinero no especificada. El pago de este monto era, presuntamente, la única condición impuesta por los funcionarios para autorizar la entrega del automotor y su contenido, desviando así sus funciones legales hacia fines extorsivos.
Un operativo desde la capital
La diligencia judicial no fue un evento fortuito; se trató de una operación de “alto nivel” coordinada desde Bogotá para evitar filtraciones locales. Durante la captura de Montes Dávila, el CTI realizó un allanamiento exhaustivo en su oficina, logrando la incautación de computadores, dispositivos móviles y folios de procesos que serán clave para el juicio.
Las órdenes de captura 002, 003 y 004, emitidas por un Juzgado de Control de Garantías de Santa Marta, validaron el procedimiento que dejó a los tres servidores públicos a disposición del sistema penal. La transparencia del operativo buscó enviar un mensaje de cero tolerancia frente a la corrupción interna en los organismos de control.
Antecedentes y ruido mediático
La figura del fiscal Leopoldo Montes ya había estado bajo el escrutinio público en 2023, cuando se esparcieron rumores sobre una supuesta detención que terminó siendo falsa. En aquel entonces, su equipo de defensa logró desestimar las acusaciones, permitiendo que el funcionario continuara en su cargo hasta los eventos actuales.
Sin embargo, en esta ocasión, la contundencia de las pruebas y la formalidad del proceso judicial han ratificado la situación jurídica del fiscal. La diferencia radica en la existencia de una denuncia formal por parte del ciudadano afectado, lo que permitió trazar la ruta del presunto ilícito cometido en enero de 2026.
Próximos pasos judiciales
Tras la legalización de las capturas, los tres implicados se encuentran a la espera de las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía 01 Anticorrupción delegada ante el Tribunal de Barranquilla será la encargada de presentar el material probatorio recolectado durante las fases de registro y allanamiento.
Se espera que en las próximas horas se defina si los subintendentes y el fiscal enfrentarán el proceso en un centro de reclusión o bajo otra medida cautelar. Por ahora, el caso permanece como uno de los golpes más significativos contra la corrupción institucional en el departamento del Magdalena en lo que va del año.