El convenio, firmado en el segundo año de esa administración, contemplaba criterios de evaluación que hoy son señalados por su falta de pertinencia frente a las necesidades básicas de alfabetización
La Fundación Universitaria San José recibió en 2021 un contrato por más de 12 mil millones de pesos para ejecutar un programa de alfabetización en el Magdalena, proceso que hoy es objeto de cuestionamientos por incluir como criterio de evaluación la enseñanza del idioma japonés a población vulnerable.
El convenio, suscrito cuando Carlos Caicedo se desempeñaba como gobernador del Magdalena, tenía como propósito implementar un modelo educativo flexible dirigido a jóvenes, adultos mayores y comunidades en condición de vulnerabilidad en municipios priorizados del departamento.
Cuestionamientos al criterio de evaluación
De acuerdo con la información conocida, el proceso contractual correspondió a la licitación pública LP-005-2021, cuyo objetivo era respaldar a la Secretaría de Educación en la ejecución del programa “A Crecer”, enfocado en personas con rezago en lectoescritura.
Dentro de los estudios previos se estableció un “factor de calidad” que otorgaba puntaje adicional a los proponentes que ofrecieran formación en dos idiomas inglés y japonés a través de una entidad certificada, además de acreditar un modelo avalado por el Ministerio de Educación.
Aunque el japonés no figuraba como requisito obligatorio, sí representaba una ventaja competitiva en la calificación final, aspecto que hoy concentra las críticas por la pertinencia del componente frente a la realidad social de los beneficiarios.
Según la denuncia, el programa estaba dirigido a cerca de 30.000 personas, entre ellas víctimas del conflicto armado, comunidades rurales, campesinas, grupos étnicos y personas con discapacidad en municipios como Aracataca, El Banco, Pijiño del Carmen, Plato y Remolino.
Denuncias y declaraciones públicas
La representante Catherine Juvinao cuestionó abiertamente la inclusión de ese criterio. “Imagínense contratar a la Fundación Universitaria San José para que le enseñe japonés a la población más pobre y vulnerable de los municipios del Magdalena que no saben escribir ni leer español”, expresó.
La congresista también señaló que, en su concepto, el proceso habría contado con un único oferente, situación que, dijo, “levanta dudas sobre la transparencia” de la adjudicación. Además, advirtió que durante la ejecución se habrían modificado condiciones iniciales y plazos establecidos.
Según La FM, la representante insistió en que la estructuración del contrato resulta cuestionable frente a las necesidades básicas de alfabetización en español de la población beneficiaria.
Reacciones y nuevas solicitudes de investigación
En el mismo medio, Juvinao criticó el alcance de las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación frente a la institución. “La medida más drástica era intervenirla (…) pero no, lo que les pidieron fue un plan de mejora”, afirmó, al considerar que la actuación fue insuficiente.
La parlamentaria solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría ampliar las investigaciones no solo sobre la expedición de títulos académicos, sino también respecto a la legalidad de los contratos suscritos con entidades estatales.
Asimismo, puso la lupa sobre un instituto de idiomas que, según indicó, estaría vinculado a la oferta de los cursos de japonés. Aseguró que no habría sido posible ubicar su sede física ni obtener respuesta a través de los canales de contacto conocidos.
Hasta el momento, la Fundación Universitaria San José no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos señalamientos, mientras crece el debate en torno a la pertinencia y transparencia del contrato ejecutado en el Magdalena.