El mandatario pidió revisar de inmediato la ubicación del proyecto, al considerar que podría terminar beneficiando a zonas hoteleras y no a los barrios con mayor déficit de agua
El presidente Gustavo Petro solicitó revaluar la localización de una de las plantas desalinizadoras proyectadas para Santa Marta, tras advertir que el punto escogido estaría en cercanías a importantes complejos turísticos del sur de la ciudad. La observación se produjo durante un Consejo de Ministros, en el que expresó inconformidad con los estudios presentados.
La iniciativa hace parte de un plan estructural para enfrentar la histórica crisis de abastecimiento que afecta a miles de familias samarias y contempla una inversión superior al medio billón de pesos, respaldada por un documento Conpes firmado en 2025.
Cuestionamientos por la ubicación
El jefe de Estado manifestó que, según el mapa que le fue expuesto días atrás, la planta principal quedaría en el sector de Gaira, zona donde, además de comunidades populares, existe una fuerte presencia hotelera.
En su intervención, cuestionó que recursos públicos destinados a garantizar el derecho al agua puedan terminar favoreciendo a cadenas turísticas. “Si la inversión es para los pobres, no puede ubicarse donde están los más ricos”, señaló al exigir explicaciones al Ministerio de Vivienda y al Viceministerio de Agua.
Petro incluso afirmó que ya tomó decisiones administrativas frente a funcionarios responsables del proyecto, al considerar que hubo falta de sensibilidad social en la planeación.
Alcance del proyecto
El plan contempla la construcción de dos plantas. La del sur tendría una capacidad de 600 litros por segundo, equivalentes a 51.840 metros cúbicos diarios de agua potable, convirtiéndose en la principal fuente alterna de suministro para la ciudad.
La segunda estaría ubicada en Taganga y tendría una capacidad de 27 litros por segundo, es decir, 2.332 metros cúbicos diarios, con el objetivo de atender las necesidades del corregimiento, que enfrenta limitaciones históricas en el acceso al recurso.
El esquema de ejecución prevé la articulación entre el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Santa Marta, ESSMAR y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Contexto político del pronunciamiento
El tema surgió en medio de un Consejo de Ministros centrado en asuntos del departamento de Córdoba, donde el mandatario también hizo referencias a la represa de Urrá y a presuntos beneficios económicos ligados a actores políticos.
Aunque el proyecto de las desalinizadoras no ha sido cancelado, desde el Gobierno se indicó que entrará en revisión técnica para definir si la localización actual responde al objetivo social planteado.
La discusión se produce en un momento clave para Santa Marta, ciudad que por décadas ha enfrentado racionamientos y fallas estructurales en el servicio de agua potable, mientras la expectativa ciudadana se mantiene frente a una solución definitiva.