Entre los señalados figuran Ingrid Johana Aguirre, Jorge Luis Agudelo, Andrés Rugeles, entre otros exfuncionarios investigados, además de una empresa aseguradora vinculada como tercero civilmente responsable.
La Contraloría Distrital de Santa Marta expidió el Auto 009-2025, fechado el 12 de noviembre de 2025, que declaró responsabilidad fiscal por un detrimento de $28.854 millones en la Essmar, originado en decisiones adoptadas entre 2019 y 2020, incluida una reducción tarifaria del 46,3% aplicada sin soporte técnico.
El fallo señala a Ingrid Johana Aguirre Juvinao, Carlos Enrique Páez Cantillo, Andrés Rugeles Pineda, Francisco García Rentería, Jorge Luis Agudelo Apreza y David Orlando de Marchena González, y vincula a La Equidad Seguros como tercero civilmente responsable.
Las decisiones que originaron el déficit
El fallo recoge que la Essmar cerró la vigencia 2020 con un déficit contable de $28.854 millones, luego de registrar costos y gastos superiores a sus ingresos reales. En palabras del propio informe fiscal, la empresa “presentó una insostenibilidad financiera de sus cargas operativas, con acumulación progresiva de pasivos”. La Contraloría concluye que la situación se agravó tras una reducción tarifaria del 46,3%, aprobada el 18 de abril de 2019, cuya justificación técnica no logró ser demostrada durante la investigación.
El órgano de control añade que el reajuste tarifario aprobado en diciembre de 2019 no alcanzó a revertir el deterioro financiero. Los datos del cierre presupuestal muestran que, en 2020, la Essmar recaudó $94.452 millones, pero enfrentó compromisos que superaron los $120.056 millones, dejando expuesto un déficit superior a los $25.600 millones, solo para esa vigencia.
Rol de los funcionarios en las decisiones que llevaron al detrimento
Según el auto, los funcionarios ya mencionados ocupaban cargos estratégicos en la Essmar y en el Distrito durante la adopción de las decisiones que derivaron en el deterioro financiero de la entidad. La Contraloría concluye que, bajo su administración, se tomaron medidas que representaron “una conducta ineficiente y antieconómica, lesiva para el erario público”, al aprobar una reducción tarifaria sin estudios técnicos y omitir controles que habrían evitado el desbalance operacional.
La autoridad fiscal también resalta que estos funcionarios participaron directa o indirectamente en la aprobación de la estructura tarifaria que condujo al desbalance financiero. El documento indica que “no se aportaron estudios técnicos que respaldaran la disminución tarifaria”, lo que para el despacho constituye una omisión determinante.
Actuaciones procesales y evidencia recaudada
El fallo detalla que el proceso inició con el traslado del Hallazgo 57 de la Auditoría 2020, en el que ya se advertía la existencia del déficit. Desde marzo de 2022 hasta noviembre de 2025 se surtieron aperturas, nulidades, notificaciones, versiones libres, solicitudes de información, análisis técnicos y emisión de conceptos periciales. El expediente incluye actas de Junta Directiva, estados financieros, informes de auditoría, comunicaciones internas, certificaciones de tarifas y documentos de la aseguradora.
Uno de los apartes más contundentes del informe señala: “Las decisiones tomadas afectaron notablemente la operación corriente de la Essmar hasta llevarla a un déficit total de $28.854 millones”. El despacho insistió en que la falta de planeación y la ausencia de un estudio de sostenibilidad tarifaria fueron elementos claves para establecer la responsabilidad fiscal.
Participación de La Equidad Seguros como tercero civil
Además de los exservidores públicos, la Contraloría vinculó a La Equidad Seguros por las pólizas AA013805 y AA014460, correspondientes a cumplimiento y manejo de recursos públicos. El fallo precisa que la aseguradora actuó como “tomador, afianzado y beneficiario” dentro del marco contractual que debía respaldar la operación de la Essmar, por lo que se determinó su responsabilidad civil frente al detrimento.
Las pólizas, con valores asegurados entre $75 millones y $150 millones, fueron incorporadas al análisis para establecer si su cobertura se ajustó a los daños generados por las decisiones administrativas dentro de la empresa. La Contraloría concluyó que debían integrarse al proceso como parte del resarcimiento exigido.
Decisión y obligación de pago
El auto establece que los responsables deben consignar el valor indexado del daño a favor de la Essmar “dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria del fallo”, según la providencia. La decisión, aunque es de primera instancia, tiene efectos inmediatos sobre los patrimonios de los implicados, quienes conservan la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
El documento reitera que la responsabilidad fiscal deriva de una “gestión antieconómica” y de una administración que vulneró principios constitucionales como la eficiencia, eficacia y planeación, ocasionando un perjuicio directo a la empresa de servicios públicos.