La decisión surge tras revisar el interrogatorio a Nicolás Petro, donde el fiscal Mario Burgos habría formulado preguntas que, según el ente acusador, podrían vulnerar la investidura del mandatario.
La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema resolvió reconocer al presidente Gustavo Petro como potencial víctima dentro de la indagación que avanza contra el fiscal Mario Andrés Burgos por presuntas irregularidades cometidas durante el interrogatorio a Nicolás Petro. El ente investigador concluyó que las preguntas dirigidas al mandatario en ese procedimiento podrían constituir un abuso de función pública y afectar su fuero constitucional.
En la evaluación del caso, la Fiscalía determinó que Burgos introdujo cuestionamientos directamente vinculados al jefe de Estado, pese a que la ley otorga la competencia exclusiva sobre estos asuntos a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Para el organismo, tal actuación “pudo incidir en la dignidad y legitimidad institucional del Presidente”, según señaló el documento oficial.
El concepto fiscal indica que la intervención de Burgos no solo habría excedido los límites legales, sino que también habría expuesto al mandatario a un daño inmaterial por la divulgación masiva de las preguntas y respuestas referentes a supuestos aportes irregulares en la campaña. “La exposición pública derivada del interrogatorio generó un impacto adverso en el buen nombre del cargo”, advierte la decisión.
La defensa del presidente, liderada por el abogado Pedro Alejandro Carranza, había solicitado que Petro fuera reconocido como víctima en varios frentes; sin embargo, la Fiscalía solo aceptó el punto relacionado con el presunto abuso funcional del fiscal delegado. “Nuestro interés es que se esclarezca si existió una intencionalidad de involucrar al Presidente sin la competencia debida”, afirmó Carranza.
Durante el análisis de los hechos, la Fiscalía reiteró que cualquier actuación judicial orientada a indagar la conducta del Presidente debe canalizarse a través del órgano constitucional competente. “Cuando se cruzan las fronteras del fuero, no solo se afecta a la persona, sino a la institución que encarna”, agregó una fuente del ente acusador.
Pese al reconocimiento, la Fiscalía aclaró que el mandatario solo actuará como “interviniente especial” en esta fase del proceso, sin facultades para incidir en la responsabilidad penal de Burgos. El ente acusador insistió además en que esta decisión no compromete la presunción de inocencia del fiscal investigado.
El organismo también negó la solicitud de enfoque diferencial para el Presidente, al considerar que su investidura no configura una condición de vulnerabilidad. “El respeto por la igualdad procesal exige que las más altas dignidades del Estado no reciban un tratamiento privilegiado”, precisó la resolución.