Tras cuatro años de intervención estatal, los problemas de agua y alcantarillado en Santa Marta no solo persisten, sino que se agravan. El Congreso ha citado a las entidades responsables para responder ante el evidente estancamiento de la Essmar.
La crisis del agua en Santa Marta ha vuelto al centro del debate nacional. La Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad la proposición No. 093 del 22 de octubre de 2025, con la que se convoca a un debate de control político a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) por la prolongada y cuestionada intervención de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar).
El representante a la Cámara por el Magdalena, Hernando Guida Ponce, lideró la iniciativa y recordó que, tal como lo había anunciado públicamente, presentó la proposición ante la Comisión Cuarta “debido a la crítica situación de la Essmar intervenida por la Superservicios ya hace cuatro años y su pésima prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Santa Marta”.
Al debate fueron llamados también la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Alcaldía de Santa Marta, el Concejo Distrital, el agente especial interventor de la Essmar, Edwin Parada Cabrera, y la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Silvia Medina Romero. El propósito es claro: esclarecer por qué la ciudad sigue enfrentando cortes de agua, rebosamientos de alcantarillado y daños en la red, pese a los recursos invertidos.
El congresista añadió que “esperamos que este debate contribuya a que se determinen soluciones de fondo ante esta grave problemática que por años ha afectado la calidad de vida de la ciudadanía e impactado el desarrollo económico y turístico de Santa Marta”. En redes sociales, ciudadanos denunciaron cortes de agua superiores a 48 horas y aumentos en las tarifas, lo que ha incrementado el malestar.
Desde la Superservicios, su titular Felipe Durán Carrión defendió la gestión adelantada, afirmando que “se han hecho esfuerzos estructurales para estabilizar el sistema, aunque los resultados no se reflejan de manera inmediata”. Sin embargo, organizaciones locales cuestionan la falta de informes claros sobre la ejecución presupuestal y los resultados técnicos.
El debate, que se realizará en las próximas semanas, busca determinar responsabilidades institucionales y exigir un plan concreto que garantice la continuidad del servicio. Mientras tanto, Santa Marta sigue viviendo bajo la incertidumbre de un suministro que nunca llega completo.