Un reciente reporte ciudadano encendió las alarmas por presuntas talas ilegales en el cerro Inca Inca, uno de los pulmones verdes de Santa Marta. Autoridades ambientales y la Policía investigan si detrás de la deforestación existirían intereses privados ligados a proyectos turísticos y hoteleros.
La preocupación crece en la capital del Magdalena tras conocerse nuevas denuncias de corte irregular de árboles en el cerro Inca Inca. Vecinos y colectivos ambientales aseguran que en los últimos días han observado una reducción significativa de la cobertura vegetal en áreas donde antes predominaba el bosque nativo.
Según las versiones entregadas por la comunidad, las intervenciones habrían comenzado de manera discreta, con supuestas labores de limpieza de ramas secas. Sin embargo, testigos afirman que la actividad se intensificó hasta convertirse en talas que comprometen árboles de gran porte y que, en algunos casos, dejan claros visibles en el terreno.
“Estamos viendo cómo desaparecen zonas de sombra y vegetación que antes refrescaban la ciudad. Esto no es un simple mantenimiento, es una destrucción que nos afecta a todos”, denunció un habitante cercano al cerro.
Ante la alerta, la Policía Metropolitana de Santa Marta y el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (Dadsa) hicieron un llamado urgente a detener cualquier actividad de deforestación sin autorización. Ambas instituciones recordaron que la tala ilegal constituye un delito ambiental y que quienes la practiquen se exponen a sanciones administrativas y judiciales.
El Dadsa informó que mantiene equipos técnicos en verificación constante de las denuncias y reiteró que ninguna intervención sobre los cerros tutelares puede realizarse sin permisos. Por su parte, la Policía anunció patrullajes preventivos en los alrededores del Inca Inca para evitar nuevas afectaciones al ecosistema.
Las autoridades advierten que el daño ambiental en la zona tendría repercusiones directas en la biodiversidad y en el clima urbano. “El impacto no se mide solo en árboles talados, sino en el desequilibrio que genera en toda la ciudad”, indicó un funcionario ambiental durante una inspección.
En paralelo, se investigan posibles intereses económicos detrás de estas intervenciones, especialmente relacionados con proyectos turísticos, dado el atractivo estratégico del cerro por su cercanía a los balnearios. Aunque no hay pruebas concluyentes, las autoridades mantienen abiertas las líneas de denuncia para recibir más información de la ciudadanía.
El llamado de la Policía y del Dadsa es claro, proteger los cerros tutelares es una tarea urgente y compartida. Mientras avanzan las investigaciones, se pide a la ciudadanía reportar cualquier anomalía y contribuir a preservar los ecosistemas que sostienen el equilibrio natural de la ciudad.