Un informe de la CAR reveló presuntas irregularidades en el manejo de los nacederos de agua en La Calera. Habitantes y congresistas cuestionan a Coca-Cola, mientras la autoridad ambiental estudia ampliar su concesión.
La tensión por el acceso al agua en La Calera, municipio cercano a Bogotá, volvió a encenderse tras conocerse un informe técnico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). El documento señala que Coca-Cola habría intervenido manantiales locales con cemento y estructuras metálicas, mientras la población padece racionamientos constantes.
La denuncia tomó fuerza gracias a la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, quien acusó a la multinacional de beneficiarse del recurso hídrico en detrimento de la comunidad. “No es justo que millones de litros se embotellen pagando apenas 11 millones de pesos al año, mientras los habitantes sufren cortes de agua”, afirmó la congresista.
Los vecinos del casco urbano y las veredas aseguran que la situación se ha vuelto insostenible. “Todas las noches debemos cerrar las llaves varias horas porque no hay suficiente caudal”, relató el alcalde Juan Carlos Hernández, confirmando la reducción del flujo en la quebrada San Lorenzo.
El documento de la CAR también cuestiona la veracidad de los datos entregados por Coca-Cola sobre el consumo de agua. Según el informe, “la información suministrada en la visita técnica por el usuario no es coherente con los reportes de consumo”.
La controversia aumenta porque, pese a las irregularidades detectadas, la autoridad ambiental estudia la posibilidad de ampliar la concesión otorgada en 1983. Ambientalistas y defensores de derechos humanos consideran esta decisión un riesgo para el ecosistema y los derechos de los pobladores.
Los antecedentes muestran que el problema no es nuevo. En 2010, la misma CAR descubrió que la empresa explotó los manantiales durante cuatro años sin licencia, aunque posteriormente regularizó su situación sin mayores sanciones.
Durante una audiencia pública realizada este año, la multinacional defendió sus prácticas. Un vocero explicó que no se han cubierto manantiales, sino que se colocaron tapas de protección. “Se busca evitar que caigan piedras, hojas u otros elementos al agua que luego se destina al consumo humano”, aseguró el representante de Coca-Cola.
Sin embargo, líderes sociales insisten en que los supuestos recubrimientos alteraron el ecosistema. “Los nacederos fueron mutilados por el cemento, y hoy la gente paga las consecuencias con cortes y escasez”, denunció un habitante de la zona durante la audiencia.
Otro punto que genera molestia es el bajo valor que paga la multinacional por el uso del recurso hídrico. “Once millones de pesos al año es un monto irrisorio frente a la magnitud del agua extraída”, recalcó Pizarro, quien también cuestionó la falta de sanciones por parte de la CAR.
Las comunidades locales piden que se priorice el derecho fundamental al agua sobre los intereses comerciales. “El agua debe ser para la gente, no para el negocio privado”, dijo una lideresa comunitaria que participó en las manifestaciones recientes.
Pese a las críticas, Coca-Cola ha reiterado que cumple con la normativa vigente y que las tarifas y condiciones son fijadas por la autoridad ambiental, no por la empresa. “Pagamos lo que dicta la ley”, señaló un portavoz en medio del debate.
El proceso de revisión sigue abierto. Mientras la CAR define si prorroga o no la concesión de más de cuatro décadas, los habitantes de La Calera siguen enfrentando cortes de agua y exigiendo respuestas claras.
La polémica refleja una tensión de años entre el derecho al acceso al agua y las operaciones industriales. Lo que está en juego, según expertos ambientales, es la sostenibilidad de una de las fuentes hídricas más importantes de la región.