El gobierno de Donald Trump retiró a Colombia la certificación en la lucha contra el narcotráfico, alegando un “incumplimiento notorio” en sus compromisos. Aunque Washington mantendrá el apoyo financiero, la decisión genera incertidumbre política, económica y de seguridad para el país.
El anuncio de descertificación llegó este lunes desde la Casa Blanca. Según el comunicado, Colombia “falló notablemente” en sus obligaciones contra el narcotráfico, pese a décadas de cooperación militar y económica. Aun así, Trump aclaró que la asistencia continuará porque “es vital para los intereses de Estados Unidos”.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza. En una reunión de gabinete transmitida en vivo afirmó: “Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertes entre policías, soldados y civiles que han enfrentado al narcotráfico. Nosotros hemos puesto los muertos y ellos siguen demandando cocaína”.
Impacto económico en Colombia
Expertos advierten que la medida podría tener repercusiones más allá de lo simbólico. María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, explicó que una descertificación puede complicar el acceso a créditos internacionales y frenar proyectos estratégicos. “No solo afecta la reputación. Puede poner en riesgo inversiones, turismo y financiamiento de organismos multilaterales”, señaló.
Algunos proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá o planes de energías renovables dependen de bancos internacionales que suelen seguir de cerca estas certificaciones.
Una relación marcada por la guerra contra las drogas
Desde el año 2000, el Plan Colombia ha sido la piedra angular de la cooperación bilateral. Ese programa inicializó con 1.300 millones de dólares destinados a erradicación manual, fumigaciones aéreas con glifosato y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, con la llegada de Petro en 2022, la estrategia cambió hacia la sustitución voluntaria de cultivos y programas sociales en las regiones cocaleras. La suspensión de las aspersiones aéreas, ordenada por la Corte Constitucional por sus riesgos en salud y medioambiente, marcó un giro frente a las políticas anteriores.
El Departamento de Estado de EE.UU. sostiene que esos cambios no dieron resultados: el área sembrada de coca superó las 253.000 hectáreas en 2023, lo que mantiene a Colombia como el mayor productor mundial de cocaína.
Posiciones encontradas
Dentro del Congreso colombiano también surgieron voces críticas. La representante Katherine Miranda aseguró que la descertificación “aisla a Colombia, reduce la cooperación internacional y debilita la seguridad nacional”. Según ella, la política de “paz total” abrió espacios para que grupos armados fortalecieran su control sobre los cultivos ilícitos.
En contraste, Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de cultivos, pidió mantener la cooperación internacional. “Los campesinos necesitan alternativas viables como cacao, plátano o aguacate. Si los países consumidores no apoyan esta transición, la cadena del narcotráfico seguirá intacta”, subrayó.
Lo que está en juego para ambos países
Estados Unidos destina cada año cerca de 450 millones de dólares a Colombia para operaciones antinarcóticos, entrenamiento militar y programas de desarrollo rural. Aunque Trump aseguró que esos recursos no se recortarán de inmediato, analistas ven un riesgo de que el flujo disminuya si la relación política continúa deteriorándose.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la estrategia del Gobierno colombiano y responsabilizó al consumo en EE.UU. como parte del fracaso. “Si no hay regulación de la demanda, ningún esfuerzo será suficiente. Los muertos los ponemos aquí, mientras allá crece el mercado”, dijo.
A nivel internacional, la descertificación también puede tener un efecto dominó. Venezuela, Bolivia, Myanmar y Afganistán fueron incluidos en la misma lista de países que “fracasaron demostrablemente” en la lucha antidrogas.
Una relación bajo tensión permanente
La tensión entre Petro y Trump no es nueva. Hace meses, el mandatario colombiano criticó el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y el ataque que dejó 11 presuntos narcotraficantes muertos. También se enfrentaron cuando Bogotá bloqueó vuelos con migrantes deportados desde EE.UU., aunque luego aceptó recibirlos.
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, llamó a no romper los puentes: “En la lucha contra las drogas tenemos un compromiso nacional. Pero podemos hacerlo mejor si lo hacemos juntos”.
La descertificación a Colombia abre un escenario complejo. Aunque los recursos seguirán llegando, el golpe político y diplomático obliga al país a replantear su estrategia. Mientras Washington insiste en resultados inmediatos, Bogotá defiende un enfoque de largo plazo. En medio, los campesinos, los policías y los soldados siguen pagando el precio de una guerra que no parece tener final.