Lo que debía ser un acto institucional de beneficio comunitario se vio empañado por denuncias de show musical y campaña política disfrazada de inauguración.
La inauguración del hospital de El Retén, en Magdalena, se convirtió en centro de controversia política. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria contra la Gobernación por presunto uso indebido de fondos públicos.
La Procuraduría busca confirmar si la Gobernación destinó recursos de la salud para financiar un espectáculo con artistas vallenatos y tarima. Entre los elementos revisados están los contratos de logística, la financiación del evento y la entrega efectiva del hospital con todos sus equipos listos para funcionar.
El plan original contemplaba un acto masivo con la presencia de líderes del movimiento Fuerza Ciudadana, incluido el exgobernador Carlos Caicedo y su sucesor Rafael Martínez, hoy apartado por decisión judicial. También participaría la encargada Ingris Padilla, quien ha respaldado públicamente al movimiento.
La participación de Diego Daza y Rolando Ochoa intensificó las críticas. Varios sectores consideran que la inauguración se transformó en un espectáculo de campaña, y que la tarima sirvió más como tribuna política que como celebración institucional.
La Gobernación había anunciado inicialmente la apertura para el 5 de septiembre, pero canceló el evento a última hora y lo trasladó al domingo 7. Argumentó que el terreno no era adecuado para el concierto, aunque la decisión coincidió con la presión generada por la investigación de la Procuraduría.
Analistas y opositores advierten que este episodio refleja una práctica recurrente de Fuerza Ciudadana: usar obras públicas para promover la imagen de sus dirigentes. Un antecedente claro fue la nulidad de la elección de Rafael Martínez, sancionada por el Consejo de Estado por doble militancia.
En El Retén, lo que debía ser un día de celebración por la llegada de un hospital esperado durante años terminó en cuestionamientos legales y políticos. En lugar de destacar camas, equipos y atención médica, la discusión gira en torno a un presunto “fiestón” financiado con dinero público.