El alto tribunal reafirmó la protección del bienestar animal y amplió el alcance de la ley que prohíbe la tauromaquia, dejando por fuera todas las prácticas violentas con animales.
La Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión histórica, prohibió de manera definitiva las corridas de toros y extendió esa restricción a actividades como las corralejas, las peleas de gallos y las cabalgatas. La sentencia, aprobada de forma unánime, refuerza la Ley 2385 de 2024 y prioriza la protección de los animales sobre tradiciones culturales que implican violencia.
El fallo, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, declaró que ninguna práctica que cause sufrimiento animal puede mantenerse bajo el argumento de costumbre o patrimonio cultural. En ese sentido, el tribunal eliminó el parágrafo que dejaba por fuera de la norma a eventos como las cabalgatas y los toros coleados.
La decisión establece que, aunque la prohibición es definitiva, su aplicación será gradual. La Corte determinó que el país tendrá un plazo de tres años para suprimir totalmente estos espectáculos. El objetivo es permitir a las comunidades afectadas iniciar un proceso de adaptación social, económica y cultural.
El alto tribunal explicó que, durante el análisis del caso, evaluó factores relacionados con la diversidad cultural, el impacto fiscal y los derechos adquiridos de quienes participan en estas actividades. Sin embargo, concluyó que el derecho al bienestar animal debe prevalecer frente a cualquier otro argumento.
Este pronunciamiento judicial responde a las demandas presentadas contra la ley que prohibió la tauromaquia. Los demandantes alegaban que la norma afectaba el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión, además de tener consecuencias económicas en regiones taurinas. La Corte rechazó todos estos planteamientos.
La sentencia marca un punto de inflexión en la legislación colombiana, alineándola con una tendencia global que busca eliminar espectáculos basados en el maltrato animal. Países de Europa y América Latina ya han tomado decisiones similares en años recientes.
Con este fallo, Colombia inicia un proceso de transición que busca reemplazar prácticas violentas con alternativas culturales y recreativas libres de crueldad animal. Para la Corte, el cambio representa no solo un mandato legal, sino también un avance en la construcción de una sociedad más respetuosa con la vida.