La Fiscalía imputó cargos a dos hombres acusados de trasladar los explosivos usados en el atentado contra la base Marco Fidel Suárez, mientras que un tercer sospechoso, alias El Mocho, fue capturado en otra operación
La Fiscalía General inició la judicialización de Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, señalados de participar en el atentado con camión bomba contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez en Cali, el pasado 21 de agosto. El ataque dejó seis personas muertas y más de 70 heridas.
Rol en la logística del ataque
De acuerdo con el ente acusador, ambos hombres habrían sido los encargados de movilizar los vehículos cargados con tatucos hasta las inmediaciones de la base militar. Las autoridades sostienen que, una vez en el sitio, intentaron detonar las plataformas explosivas improvisadas; solo uno de los camiones estalló.
Los sospechosos fueron sorprendidos en flagrancia tras la explosión. La comunidad y patrullas de la Policía Nacional lograron impedir su fuga, facilitando su captura inmediata en la zona.
Alias y presunta conexión con disidencias
Walter Yonda, conocido con el alias de Sebastián, tiene 23 años y es oriundo de Corinto (Cauca). Según las pesquisas, desde allí habrían salido los automotores cargados con explosivos hacia Cali. Por su parte, Carlos Steven Obando, de 26 años, no tenía antecedentes previos, pero estaría vinculado a la logística del ataque.
El presidente Gustavo Petro confirmó a través de la red X que Sebastián haría parte de las estructuras del Estado Mayor Central, bajo las órdenes de alias Marlon. Este vínculo refuerza la hipótesis de que el atentado fue planeado por las disidencias de las FARC para golpear instalaciones militares.
Refuerzo de seguridad en Cali
Un juez avaló la legalidad de las capturas e imputó cargos por terrorismo, homicidio y otros delitos conexos. La investigación continuará para identificar a los demás involucrados y esclarecer el origen de los explosivos.
Mientras tanto, la Policía y el Ejército han reforzado la seguridad en los alrededores de instalaciones estratégicas de Cali y otros municipios del Valle. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es clave para prevenir nuevos ataques.
Cae alias El Mocho, jefe de milicias urbanas
En paralelo a este proceso judicial, las autoridades capturaron a Dionar Mancilla Flórez, alias El Mochoo Magis, cabecilla de las milicias urbanas de la columna Ricardo Velásquez, adscrita al frente Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco.
El operativo se desarrolló este viernes en medio de las investigaciones por el atentado en Cali. Las autoridades analizan si este hombre, de 31 años y oriundo de El Charco (Nariño), tuvo alguna participación en la acción terrorista que causó seis muertos y 79 heridos.
Alias El Mocho habría asumido desde mayo la coordinación de las milicias urbanas en Cali y Jamundí. Según inteligencia militar, su estructura estaría detrás de asesinatos selectivos, cobros extorsivos y reclutamiento de menores en barrios del oriente de la capital vallecaucana, en especial en el distrito de Aguablanca.
Modus operandi y zonas de influencia
Las pesquisas apuntan a que en las comunas 14 y 1 operaba una red de extorsión contra comerciantes de tiendas, restaurantes, farmacias y expendios de droga. En zonas como Llano Verde, Mojica, Los Mangos y Manuela Beltrán también se detectaron casos de reclutamiento forzado de adolescentes con fines de espionaje criminal.
Las autoridades lo señalan, además, de planear secuestros selectivos y de coordinar el ataque armado del 10 de junio de este año, en el que murieron civiles y uniformados y resultaron dañadas instalaciones policiales y propiedades privadas.
Por estos hechos, el Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Buga había emitido el 13 de agosto una orden de captura contra El Mocho. Se le imputarán delitos de concierto para delinquir, terrorismo agravado, homicidio agravado y tentativa de homicidio.
La caída de este cabecilla representa, según fuentes de inteligencia, un golpe estratégico para las disidencias en el suroccidente. Se prevé un debilitamiento de su capacidad de extorsión, pérdida de control en rutas de armamento y una disminución de su influencia social y política en Cali y Jamundí.
El Ejército y la Policía advirtieron que continuarán las operaciones ofensivas contra los grupos residuales. “Cada captura reduce su capacidad de intimidación y nos acerca a la desarticulación total de sus redes”, indicó un vocero de la Fuerza Pública.