En una jugada que ha encendido el debate político y jurídico, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que deje sin efecto la sentencia que impuso prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno a testigos, alegando graves fallas en la valoración de las pruebas.
El procurador delegado Bladimir Cuadro presentó ante la Sala Penal del Tribunal un documento de 81 páginas en el que afirma que el fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia carece de sustento probatorio sólido y se apoya en interpretaciones subjetivas. Cuadro asegura que el proceso no demostró más allá de toda duda razonable que Uribe actuara como determinador en la supuesta red de manipulación de testigos.
La llamada que pasó de prueba clave a frase sin contexto
Entre los argumentos más polémicos, la Procuraduría reinterpreta la llamada en la que Uribe le dijo al abogado Diego Cadena: “proceda, doctor Diego, que usted todo lo hace bien”. Según el Ministerio Público, sin un contexto que lo respalde, ese diálogo no prueba un delito y no debería figurar como pieza central de la condena.
Interceptaciones y la reserva abogado–cliente
La Procuraduría también cuestiona el uso de interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena. Alega que dichas conversaciones están protegidas por el principio de reserva entre abogado y cliente, incluso sin un poder formal. Sostiene que el “hallazgo casual” que justificó su uso en el juicio no existió, pues no hubo certeza de un delito en curso.
El escrito de apelación critica además la forma en que el tribunal valoró las declaraciones de testigos como Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. En este último caso, Cuadro afirma que no probaron que Uribe supiera de los pagos que Cadena entregó y que la defensa calificó como “aportes humanitarios”.
Críticas a la figura de “determinador”
La Procuraduría sostiene que los errores en la apreciación de las pruebas llevaron a aplicar indebidamente la figura de “determinador” en el Código Penal. Cuadro recalca que el tribunal debió absolver al exmandatario con base en el artículo 7 de la Ley 906 de 2004, que establece la presunción de inocencia.
Pese a las objeciones, la sentencia de primera instancia fue categórica: Uribe no fue víctima de un complot, sino el artífice de una estrategia para manipular testigos con el fin de perjudicar al senador Iván Cepeda. Por ello, le impuso 12 años de prisión domiciliaria, una multa millonaria y 100 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Desde su residencia en Rionegro, donde cumple la medida, Uribe difundió un video reafirmando su inocencia y prometiendo seguir “en la lucha contra el neo-comunismo”, mensaje que sus seguidores replicaron y sus opositores criticaron.
El abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, tiene hasta el 13 de agosto para sustentar su propia apelación. La defensa busca reforzar los argumentos de la Procuraduría y desacreditar las pruebas presentadas por la Fiscalía y avaladas por la jueza.
Un fallo con consecuencias políticas y judiciales
Los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá decidirán si mantienen la condena o acogen las solicitudes de nulidad. La expectativa política y mediática aumenta a medida que se acerca la fecha límite para resolver el caso.
El expediente contra Uribe figura entre los más mediáticos de la historia judicial colombiana y divide a la opinión pública entre quienes lo consideran un perseguido político y quienes ven su condena como un avance para la justicia.
La intervención del Ministerio Público ha provocado fuertes críticas. Algunos sectores sostienen que su misión debería ser defender el interés general y no la causa de un expresidente condenado. Otros la consideran un acto de equilibrio frente a un proceso que, según ellos, tuvo sesgos.
El caso reavivó el debate sobre la independencia de las instituciones judiciales y la influencia política en decisiones de alto perfil. Analistas advierten que cualquier desenlace dejará heridas profundas en la confianza ciudadana hacia el sistema judicial.
Sea cual sea el veredicto final, el caso Uribe marcará un precedente sobre el manejo de las pruebas, la figura de determinador y el alcance de la reserva abogado-cliente en procesos penales contra figuras de alto poder político. El país sigue a la expectativa.