La Corte Suprema de Justicia lo sentenció a 123 meses y un día de prisión por concierto para delinquir y cohecho propio. La decisión incluye orden de captura y notificación roja ante Interpol
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez por su participación en la red de corrupción conocida como el ‘cartel de la toga’, que operó desde el alto tribunal ofreciendo decisiones judiciales a cambio de millonarios sobornos.
Condena y sanciones
El fallo lo declara responsable de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con cohecho propio en concurso homogéneo y le impone una pena de 123 meses y un día de prisión, además de inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término y una multa de 133.738.170 pesos.
La sentencia advierte que el exfuncionario deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario, luego de que se le negaran los mecanismos sustitutivos de suspensión condicional y prisión domiciliaria. “Deberá descontar la pena impuesta en el establecimiento penitenciario que el INPEC designe para el efecto”, señala la decisión.
Asimismo, la Sala ordenó librar la correspondiente orden de captura con el fin de hacer efectiva la condena, incluyendo la notificación roja ante Interpol para ubicarlo en el exterior.
Cómo operaba la red
De acuerdo con lo probado en juicio, Bustos se concertó con otros magistrados, exmagistrados y abogados litigantes para acercarse a aforados con procesos activos en la Corte Suprema y ofrecerles beneficios judiciales a cambio de altas sumas de dinero.
En la publicación oficial se detalla que los implicados “ofrecían intervenir ilegalmente para obtener beneficios judiciales como archivos, autos inhibitorios y preclusiones”, además de dilatar trámites e impedir órdenes de captura.
Entre los casos mencionados están los de los entonces senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quienes habrían entregado millonarios pagos con el propósito de influir en las decisiones que se adoptaban en sus procesos por parapolítica.
Pagos y responsabilidades
El alto tribunal concluyó que el exmagistrado recibió 200 millones de pesos en efectivo provenientes de uno de esos acuerdos ilícitos. Según el fallo, existió un acuerdo previo para direccionar decisiones judiciales a cambio de dinero.
En uno de los apartes citados, la Sala sostuvo que el condenado “prestó su concurso y voluntad para la conformación del grupo, sin importarle las nefastas consecuencias” que sus actos tendrían sobre la institucionalidad.
Además de las penas principales, se le impuso como medida de restablecimiento del derecho la obligación de publicar, a su costa, la parte resolutiva de la sentencia y un resumen del fallo en medios de comunicación que deberán ser aprobados por la Sala.
Impacto institucional
La Corte también dejó constancia del daño causado a la credibilidad del sistema judicial colombiano. “La conducta enrostrada ocasionó gravemente el deterioro de la Rama Judicial (…) la cual ha sufrido un perjuicio reputacional incalculable”, se lee en el documento.
Aunque fue absuelto por el delito de tráfico de influencias de servidor público, la condena en primera instancia marca un nuevo capítulo en uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país, y abre la puerta a los trámites internacionales para lograr su comparecencia ante la justicia colombiana.