El mandatario distrital vinculó directamente el deterioro del orden público con las garantías otorgadas a grupos armados por el Gobierno Nacional
Durante una jornada de entrega de infraestructura vial en el barrio Villa Blanca, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó duras acusaciones contra la estrategia de seguridad del presidente Gustavo Petro. El burgomaestre sostuvo que la capital del Atlántico enfrenta un desbordamiento de la criminalidad debido a las directrices de la denominada “Paz Total”, las cuales, a su juicio, han dejado a la ciudadanía a merced de la delincuencia organizada
La inconformidad del mandatario se centró en el aumento de las intimidaciones económicas, argumentando que las políticas estatales han invertido las prioridades de protección. Según Char, el enfoque actual beneficia a los victimarios mientras obliga a la población civil a costear sus propios esquemas de seguridad privada, como la instalación de rejas, para intentar resguardar su integridad y sus bienes ante la ausencia de autoridad.
El impacto de las bandas en el comercio local
En su intervención, el alcalde describió un panorama desolador en los sectores populares, donde las denuncias por cobros ilegales son la constante. Char enfatizó que la presión de las organizaciones criminales ha provocado un cierre masivo de establecimientos comerciales, señalando que en zonas donde antes florecía el comercio, hoy apenas sobreviven unos pocos tenderos debido al asfixiante asedio de los extorsionistas.
Para el mandatario, la proliferación de blindajes en las viviendas de los ciudadanos es la prueba física del fracaso de la política nacional. Lamentó que los recursos de las familias trabajadoras deban destinarse a convertir sus hogares en encierros por el miedo a ser atacados, una realidad que atribuye a la falta de respaldo del Estado hacia la “gente de bien” frente al cuidado que reciben los delincuentes.
Esta postura no es nueva, pues la administración distrital ha mantenido una distancia crítica frente a los acercamientos del Gobierno con estructuras locales como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’. En el pasado, Char cuestionó la exclusión de las autoridades locales en los diálogos de paz urbana, advirtiendo que los pactos de no agresión entre bandas suelen ser frágiles y carecen de un sustento jurídico que proteja realmente al ciudadano.
A la complejidad de la seguridad en la ciudad se suma la expansión de grupos externos como el Bloque Resistencia Caribe (BRC). Capturas recientes en municipios del Atlántico han confirmado que estos grupos portan panfletos intimidatorios y armamento artesanal, lo que agrava la percepción de inseguridad y confirma la injerencia de nuevas estructuras criminales que desafían el control policial en el área metropolitana.
Antecedentes de una relación tensa con el Ejecutivo
El alcalde también recordó episodios previos de fricción, como su rechazo rotundo al traslado de cabecillas de alta peligrosidad, como alias ‘Castor’ o el ‘Negro Ober’, a cárceles locales. Para Char, estas decisiones del Ministerio de Justicia ignoran el dolor de las víctimas de extorsión y saturan centros penitenciarios que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para albergar a dichos criminales.
De acuerdo con las cifras del Distrito, se han invertido más de 150.000 millones de pesos en equipamiento para la Fuerza Pública, un esfuerzo que el mandatario considera insuficiente si no existe una política nacional coherente. Char cuestionó si este es el respaldo que merece una ciudad que se prepara para eventos masivos como el Carnaval, donde la seguridad es el eje fundamental para el turismo.
A pesar de las denuncias del alcalde, el debate en redes sociales muestra una opinión dividida. Algunos sectores le otorgan la razón sobre el fracaso de la “Paz Total”, mientras que otros le recuerdan que su grupo político ha liderado la ciudad por dos décadas y que la Tasa de Seguridad recaudada no ha logrado erradicar delitos de larga data como el fleteo y el microtráfico.
Finalmente, la situación en barrios como Villa Blanca refleja un fenómeno que se extiende por todo el departamento. Mientras la Policía Metropolitana reporta disminuciones en ciertos delitos menores, la extorsión sigue siendo la principal causa de quiebra para los pequeños comerciantes, quienes quedan atrapados en el fuego cruzado entre las promesas de paz del Gobierno y las exigencias de los grupos armados.
